Puebla sólo dio despensas al que perdió un ojo en Chalchihuapan

Los principales agraviados por la represión en San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, la madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el niño que pereció por el impacto en la cabeza de un proyectil lanzado por la Policía Estatal, y aquellos que perdieron facultades como la vista, evidenciaron ayer nuevamente que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues no han recibido ni las disculpas ni la reparación del daño a la que la administración morenovallista está obligada.

Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo durante la refriega, cuando protegía a su mujer y su pequeña hija del embate policiaco, señaló que hasta ahora lo único que le ha ofrecido el Poder Ejecutivo estatal han sido un par de despensas.

“Llegaron (dos mujeres) un día lunes a mi casa preguntando por mi nombre, pero en tono de burla me dijeron que quedó bien mi ojo, que hicieron un buen trabajo y como les respondí un poco agresivo me dijeron: ‘no te enojes, aquí te mandan dos bolsas de despensa’, las dejaron en el piso y se fueron”.

Hasta ahora Jiménez Verala ha gastado más de 100 mil pesos en su curación y nadie le ha notificado de la supuesta instauración de un fideicomiso gubernamental para la reparación de daños por la represión.

Las víctimas acudieron este miércoles a un foro en la Casa de la Aduana Vieja, donde tuvieron un encuentro con investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP, otras unidades académicas de esa y otras instituciones.

En voz de Elia Tamayo, la madre del menor fallecido, los afectados dijeron estar a la espera de la respuesta que dé la CNDH sobre el supuesto cumplimiento de las 11 recomendaciones que le hizo al Poder Ejecutivo estatal, para actuar en consecuencia.

Sin embargo, el abogado Arturo Rivera Pineda reiteró que se tramitará una denuncia penal contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y que se hará una demanda de juicio político en contra de Rafael Moreno Valle, simultáneamente.

Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes –quien se encuentra a resguardo porque presuntamente hay una orden de aprehensión en su contra– dijo que Moreno Valle se burla de la gente de San Bernardino porque pregona que ya cumplió con las recomendaciones.

Por su parte, Raúl Rodríguez de la Fuente, abogado de los cinco detenidos durante la violenta irrupción de la fuerza pública la madrugada del pasado sábado en esa junta auxiliar de Ocoyucan, informó que mañana concluye el plazo legal para conocer su situación jurídica de los detenidos.

Juicio político

Por su parte, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acelerar el juicio político contra Rafael Moreno Valle e hizo un llamado “al gobierno federal a poner un freno a la barbarie que la actual administración comete en contra de poblanos”.

A través de un comunicado, la organización expresó: “Repudiamos el acto de terror que elementos policiacos perpetraron la madrugada del sábado 18 de octubre nuevamente en Chalchihuapan durante los arrestos de vecinos y exigimos a la CNDH que aclare el tema de ‘las detenciones’, pues dentro de las 11 recomendaciones que emitió a Moreno Valle, en ninguna de estas se responsabiliza a los pobladores de la trifulca y la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo.

“Desmentimos el comunicado que emitió el gobierno estatal donde justificó la detención de los pobladores al señalar que respondía a un mandato emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según la recomendación número 2VG/2014, por el expediente donde se confirmó la grave violación a los derechos humanos de parte del gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle en los hechos registrados el pasado 9 de julio de 2014 en Ocoyucan.

La mañana del sábado 18 de octubre el MAS acudió a un recorrido por las seis casas cateadas por la Policía Ministerial, “de donde sacaron desnudos a los cinco compañeros: Florentino Tamayo Ponce, de 39 años de edad; Raúl Contreras Montes, de 36 años de edad; Fausto Montes García, de 29 años de edad; Vicente Juárez Valera, de 57 años de edad, y Álvaro García Xelhua, de 32 años de edad. Ninguna de estas personas participó en la manifestación de ese día ni en el enfrentamiento con los uniformados”.

“Con total impunidad y el uso de armas largas, los policías también empujaron e intimidaron a las familias de los detenidos, la mayoría ancianos y niños. En la lista aparecen esposas, madres e hijos, como fue el caso de la anciana Bárbara Ponce, de 77 años de edad; Margarita Pérez Núñez; Benjamín Contreras Xelhua, de 56 años de edad, quien recibió un culatazo de un arma en el ojo izquierdo; Petra López Tecalero; Mónica Valera Flores, de 57 años de edad; Magnolia Juárez, de 19 años de edad; Cruz Valera Contreras, de 78 años de edad; Marco Antonio García, de 12 años de edad; Juliana Ototl García; María Juan Genoveva Xelhua, de 57 años de edad, además de niños que iban desde los seis meses de nacidos hasta los 10 años”, se indicó en el comunicado.

La madrugada del sábado ingresó un comando de 14 vehículos de la Policía Ministerial a Chalchihuapan, “quienes iban con armas largas, vestidos de negro, con pasamontañas y en unidades sin placas ni logotipos oficiales para detener a los cinco pobladores, los agentes hicieron uso de la extrema violencia, sin mostrar órdenes de aprehensión ni cateo”, recordó el MAS.

“El caso más grave se presentó en calle Benito Juárez sin número, donde un grupo de ocho policías ingresó con tal brutalidad que derribó con una camioneta pick up color blanca, el portón de la vivienda”.