El gobierno de Ángel Aguirre tiene las horas contadas

Las horas de Ángel Aguirre en el gobierno de Guerrero están contadas. ¿Por qué?

Porque más allá de que sea o no responsable directo de la tragedia que viven medio centenar de familias de normalistas de Ayotzinapa, lo cierto es que la ofrenda de su cabeza aligerará el peso que en los últimos 27 días hunde al gobierno de Enrique Peña Nieto.

En otras palabras; como buen priísta que es, Aguirre sabe perfectamente que —a estas alturas de la crisis de Iguala—, su gobierno es un lastre no sólo para todo el gobierno federal sino para la gestión de su compadre, Enrique Peña Nieto, y para el futuro político del PRD en Guerrero.

Lo curioso del caso, sin embargo, es que mientras que Aguirre se resiste a dejar el cargo —no porque le interese asumir su responsabilidad, sino porque espera una oferta que le brinde un paracaídas seguro para su salida—, en el gobierno federal cada vez son más las evidencias de que el mandatario de Guerrero no sólo solapó “a sus amigos de Iguala”, sino que estaría obstaculizando las investigaciones federales para dar con los presuntos responsables del crimen y desaparición de los normalistas.

Y es que si bien en un primer momento los más interesados en que Aguirre se mantuviera en el cargo —para que asumiera su responsabilidad—, eran los estrategas del PRI y del gobierno de Peña Nieto, resulta que a la luz de las nuevas evidencias, en el PRI y en Los Pinos ordenaron un golpe de timón y pasaron de defensores de Aguirre, a los impulsores de su salida del gobierno estatal. ¿Por qué? ¿Qué se rompió entre los compadres Peña Nieto y Aguirre?

1. En la casa presidencial la conclusión a la que se llegó es que a pesar del apoyo que brindó el Presidente a su compadre y amigo en los dos primeros años de gestión —Peña Nieto acudió a Guerrero en por lo menos 19 ocasiones, a pesar de que es un gobierno del PRD—, el gobernador Aguirre no fue capaz de mantener la gobernabilidad que requería Guerrero.

2. Más aún, el desdén y el descuido que Aguirre mostró en tragedias naturales y en la proliferación del crimen organizado durante su gobierno —lo que es identificado como una crisis de gobernabilidad por ausencia y por el gusto a la fiesta—, hoy son vistos como una traición que no está dispuesto a perdonar el grupo compacto de Los Pinos.

3. Y es que la imagen, popularidad y buena parte del proyecto que durante dos años se empeñó en construir Peña Nieto, los derrumbó en menos de un mes un mal gobernador como Aguirre, al que literalmente se le dio todo lo que pidió, desde la casa presidencial, pero que al final —y ya ante la crisis de Iguala—, salió con la cantaleta de siempre; que el gobierno estatal no puede con el paquete y que es responsabilidad federal.

4. Pero el enojo de Los Pinos fue mayor cuando aparecieron los primeros indicios de que Ángel Aguirre pretendía manipular y hasta obstaculizar las investigaciones en torno a la captura de los presuntos autores intelectuales de la tragedia. El primer indicio fue público cuando por la libre —a pesar de que por orden presidencial toda la información del caso la concentraría el gobierno federal— Aguirre adelantó que los cuerpos localizados en las primeras fosas clandestinas no eran de los normalistas.

La información que adelantó Aguirre era cierta, pero haberla revelado también rompió una de las líneas de investigación que la PGR mantenía en sigilo. Por eso el propio Jesús Murillo lo desmintió. La segunda evidencia apareció cuando expertos de la PGR descubrieron que la Procuraduría estatal había realizado un primer manejo de los cuerpos de manera equivocada y hasta errónea, al parecer en forma deliberada. ¿Qué escondía la PGJG?

5. Luego aparecieron grupos extremistas infiltrados de manera forzada entre los normalistas que protestaron por la lentitud de las investigaciones y que —contra lo que habían prometido los normalistas—, vandalizaron e incendiaron palacios de gobierno. Pero no le prendieron fuego a las instalaciones que encontraron a su paso. No, el fuego fue bien dirigido a inmuebles en donde se guardaban documentos estratégicos en el manejo de la administración estatal y la del municipio de Iguala.

¿Por qué los grupos radicales primero prendieron fuego a instalaciones en Chilpancingo y no a las de Iguala? ¿Qué querían quemar? ¿Para qué? ¿En beneficio de quién? ¿Por qué en todos los incendios no se apareció un solo policía? ¿Por qué la policía no pudo agilizar la llegada de los cuerpos de rescate, como bomberos, para sofocar el fuego rápidamente? Aguirre tiene las horas contadas. Tic-tac, tic-tac… Al tiempo.

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