Crisis de CNDH facilitó a Puebla cumplir recomendaciones a su modo

De acuerdo con la programación que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas tenía prevista, sería hasta los primeros días de noviembre cuando contestaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la recomendación 2VG/2014 por el caso de San Bernardino Chalchihuapan. Sin embargo, se adelantó casi dos semanas por una razón fundamental: se aprovechó la coyuntura por la cual la CNDH atraviesa su peor crisis de credibilidad, prestigio y autoridad, lo cual hace que este organismo –presidido por el cuestionado Raúl Plascencia Villanueva– no tenga capacidad de reaccionar de manera pronta a las barbaridades cometidas por el Poder Ejecutivo poblano.

La crisis por la que atraviesa el ombudsman nacional generó las condiciones para que Moreno Valle contestara la recomendación en cuestión a su modo y como un instrumento de control político. Me explico:

El miedo es la base sobre la que descansa el gobierno de Rafael Moreno Valle, ya que a partir de este factor mantiene el control político en primer plano de su equipo de trabajo, al PAN y la mayoría de los legisladores locales; y en un segundo plano de las fuerzas de la oposición, varios medios de comunicación, los integrantes de las cúpulas empresariales, dirigentes sindicales y otros actores.

Frente a ese escenario, el gobernador no se iba a dar el lujo de mostrarse débil contestando la recomendación por el caso Chalchihuapan tal como se lo exigió la CNDH el pasado 11 de septiembre, cuando se dio a conocer el resolutivo 2VG/2014. Eso hubiera significado ceder en su política de aterrorizar a propios y extraños, es decir a su propia gente y a quienes son sus críticos.

Por eso la respuesta que le ofreció a la CNDH fue la detención arbitraria de cinco pobladores de Chalchihuapan y un edil auxiliar de la capital, así como prometer dinero a los deudos del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, que en nada repara el daño provocado por las violaciones a los derechos humanos que cometieron agentes de la Policía Estatal el pasado 12 de julio contra habitantes de esa comunidad.

Y por el otro lado se inició un procedimiento administrativo contra un número no determinado de policías; se amonestó y multó, con una suma no cuantificada, a Facundo Rosas , el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y se no toca ni con el pétalo de una flor al temible procurador de Justicia, Víctor Carrancá, pese a que metió a la cárcel a cuatro inocentes por la muerte del infante Tehuatlie Tamayo y fue quien inventó que el niño murió por la “onda expansiva” de un cohetón, cuando había evidencias de que fue una granada de agentes policiacos.

Es decir, a los que tenía que hacer justicia, el gobernador los persigue; y a quienes abusaron, los protege, los deja en sus cargos, los solapa, los protege, les da absoluta impunidad.

Con ello, Moreno Valle mandó el mensaje a sus huestes de que él no se equivocó al mandar a reprimir a la comunidad de Chalchihuapan, que no erró al rechazar las renuncias que en su momento le presentaron Facundo Rosas y Luis Maldonado Venegas, el titular de la Secretaría General de Gobierno, quienes se sentían culpables de esta crisis, y sobre todo, dejó en claro que no se mueve un ápice la política de violencia, persecución y cero dialogo con los críticos del Poder Ejecutivo, con los que piensan diferente al mandatario o son opuestos a sus intereses políticos y económicos.

Todo esto es posible porque la CNDH está entrampada en una crisis como consecuencia de que el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva quiere reelegirse en el cargo y por ende el organismo actúa con criterios políticos y para favorecer la figura de su presidente, en lugar de velar por el respeto a los derechos humanos o por lo menos, a las recomendaciones que emite el organismo.

Plascencia en estos momentos no tiene autoridad moral para levantar la mano contra un gobernador como Moreno Valle, luego de que el ombudsman no puede hacer públicas sus declaraciones patrimoniales ni justificar cómo puede estarse construyendo una casa de 20 millones de pesos en el Pedregal, cuando sus ingresos no le permiten adquirir un bien por ese costo.

La CNDH no ha tenido un papel protagónico en la condena de los hechos de Ayotzinapa, Guerrero; intervino tarde en la investigación del caso de Tlatlaya, en el estado de México; fue omisa con la guerra sucia de Felipe Calderón contra el crimen organizado y en el actual sexenio se muestra timorata para emitir recomendaciones dirigidas al gobierno federal.

En resumen, Raúl Plascencia ha sido el peor presidente de la CNDH, y este organismo ha perdido credibilidad, presencia, fuerza en sus recomendaciones y no tiene la autoridad para frenar abusos.

Dichas condiciones las está aprovechando al máximo Moreno Valle, quien primero buscó crear una relación de amistad y complicidades con el presidente de la CNDH, cuando éste último visitó Puebla en mayo pasado para recibir un doctorado Honoris Causa.

Como no funcionó la primera estrategia, ahora el gobernador se aprovecha de la crisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para responder a su modo, con abusos y simulaciones, a la recomendación por Chalchihuapan, sabedor de que hasta mediados de noviembre próximo –que es cuando el Senado elegirá al nuevo ombudsman– nadie en el organismo se atreverá a revisar lo que pasa en Puebla.

Y tiene la confianza en que los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y los que se acumulen borren a Chalchihuapan del mapa de las atrocidades.