Discrepan cifras de PGR y CNDH en masacre de Tlatlaya

Por Milenio | Miércoles, Octubre 22, 2014

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que en los hechos violentos en Tlatlaya, Estado de México, ocurridos el pasado 30 de junio, 15 de los 22 civiles que se encontraban en una bodega fueron ejecutados por elementos del Ejército.

El pasado 10 de octubre, en entrevista para MVS Radio, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, explicó que en un primer enfrentamiento la mayoría de los 22 presuntos delincuentes había muerto.

Sin embargo, agregó, al menos ocho habrían quedado vivos, mismos que fueron asesinados con sus propias armas por tres soldados, quienes ahora son acusados por homicidio “con agravante”.

Ayer en conferencia de prensa, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, explicó que es “incontrovertible” que hubo un enfrentamiento entre el Ejército y las personas que estaban en la bodega, el cual duró de cinco a ocho minutos.

Sin embargo, puntualizó, la CNDH acreditó que “el día de los hechos se alteró la escena del crimen” por parte de los militares con la intención de simular que todas las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento.

En la recomendación 51/2014 que envió a la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH subraya que “el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas, al encontrarse rendidas, sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas”.

Plascencia acusó que durante la investigación se les presentaron obstáculos, como la versión oficial construida desde el día de los hechos.

También haber omitido tomar declaración a las sobrevivientes de los hechos, quienes a pesar de su condición de víctimas actualmente enfrentan procesos penales.

Además, la omisión de la Procuraduría de Justicia del Estado de México de proporcionar fotografías de los hechos con detalle individual, pues únicamente envió imágenes de planos generales,  “seguramente con la intención de ocultar algo”.

En la recomendación, que también fue enviada al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se indica que según las  sobrevivientes “con ellas se encontraban además dos jóvenes de entre 17 y 20 años, quienes decían estar secuestrados y se encontraban amarrados de las manos…  estas dos personas fueron posteriormente privadas arbitrariamente de la vida”.

Además, la CNDH acreditó “tortura y agresiones sexuales” cometidas por parte de personal de la procuraduría mexiquense en agravio de dos personas y tratos inhumanos en contra de una más.

La comisión solicitó a la Sedena girar instrucciones a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a los familiares de las personas que fueron privadas arbitrariamente de la vida, en la que se incluya la indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria.

Asimismo, pidió a la Procuraduría General de Justicia Militar que inicie la averiguación que  corresponda, porque hasta el momento no se sigue ningún proceso penal contra los efectivos involucrados en los hechos.

El ombudsman nacional indicó que los militares tienen que ser juzgados en el ámbito civil.

A la PGR le recomendó acelerar las diligencias para realizar una pronta consignación respecto de los autores del homicidio, así como continuar indagando la responsabilidad de los militares.

A la procuraduría estatal, le solicitó instruir al personal ministerial a su cargo que realice sus investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas, respetuosas de los derechos humanos.

AÚN NO DECIDE

Raúl Plascencia afirmó también que platicará con su familia sobre si participa en el proceso para buscar la reelección al frente de la CNDH, porque al haberse vulnerado algunos de sus datos personales se les puso en riesgo y “no cuentan con escoltas para que los protejan”.

Ayer en el Senado Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Laura Belinda Gómez Ortiz, quien se ha desempeñado en áreas como la Dirección de Desarrollo Urbano del Estado de México, y Miguel Nava Alvarado, actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos  Humanos de Querétaro. Se inscribieron para participar en el proceso de sucesión en

la CNDH.

Se espera que en este proceso se inscriban al menos dos aspirantes más.