Gobierno poblano aterroriza a pobladores de Chalchihuapan

El jueves pasado personal del gobierno dejaba debajo de las puertas de las casas de algunos habitantes de San Bernardino Chalchihuapan la copia de un oficio en que se informaba de la existencia de un fideicomiso para “reparar el daño” a las víctimas de la represión policiaca del 9 de julio en esa localidad, y que costó la vida al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, así como lesiones graves e imborrables a otra media docena de personas. La misma madre del pequeño José Luis, Elia Tamayo, recibió el documento dirigido personalmente a ella, en el que se puede leer que se trata de un “Fondo para el cumplimiento de la recomendación 2VG/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

En el texto se indica que a partir del 24 de octubre podrá acudir, “en su carácter de víctima”, a una oficina del gobierno “a efecto de lograr la reparación más amplia e integral de los daños que se hubiere causado con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos…” en aquella fatídica fecha. ¿Cómo se puede reparar el daño de la pérdida de un hijo, de la pérdida del habla, de la pérdida de un ojo, de la pérdida para siempre de la tranquilidad y hasta la cordura que estos hechos produjeron en los pobladores de Chalchihuapan? Hay que preguntarse esto. No sé si habrá gente que vaya a ver lo que considera el gobierno poblano equivalente al sufrimiento producido; los padres no estamos genéticamente preparados para perder un hijo. Hay que ser padre para saber qué significa perder o ver sufrir a un hijo. Los daños que produjo la acción policiaca del 9 de julio, indubitablemente ordenada por las políticas y las instrucciones de Rafael Moreno Valle, son irreparables.

Corrió una invitación fechada jueves 16 que fue entregada a muy pocas personas para que acudieran al acto ceremonial “con motivo del cumplimiento de la recomendación” ya citada, en la que se presumía que pedirían perdón a los agraviados, tal como la CNDH había establecido. De hecho, algunos dirigentes partidistas locales y nacionales y los medios obsecuentes habían sido invitados desde días antes. Sin embargo, precisamente a través de las publicaciones de éstos, se aprecia que no debe haberse realizado tal acto, porque solo se consigna en sus páginas la transcripción del boletín oficial en el que el equipo morenovallista asegura que ha cumplido a cabalidad con la recomendación de la Comisión Nacional. No hubo ceremonia el viernes, pero sí una cacería la madrugada del sábado para, cumpliendo según su muy particular interpretación de lo recomendado por la CNDH, detener a los supuestos responsables de las agresiones a los policías heridos en la refriega, encabezados por el presidente auxiliar, Javier Montes, a quien sin embargo no pudieron encontrar en ese momento ni hasta cuando esto se redacta. Rompieron puertas y ventanas, alarmaron a una población que por el miedo no duerme desde el 9 de julio, y detuvieron a cinco personas sin presentarles órdenes de aprehensión, solo los cañones de sus armas, los nudillos de sus puños y las esposas con los que los llevaron a los separos. Tres de ellos, al menos, no son a los que buscaban. Hemos cumplido plenamente, debe estar diciendo, muy orondo, el gobernador.

Sostenemos que esto no es así, al menos como la no oficialidad lo interpreta. Remito a los lectores a la propia recomendación de la CNDH, a la nota publicada por este diario el pasado 12 de septiembre, o el artículo del titular de esta columna, Fermín Alejandro García

Lo importante es si esta recomendación es parte de una lección que el gobernador Moreno Valle obtuvo el 9 de julio y los días subsecuentes para corregir su comportamiento, o, como todo parece indicar, no ha cambiado su política un ápice. Yo creo que en lo esencial no ha cambiado nada su forma de actuar. Las detenciones en San Andrés Cholula la semana pasada así lo demuestran, lo mismo que otras acciones, como la presión y persecución a los disidentes –particularmente a Roxana Luna, contra quien parece tener una obsesión patológica– el oprobioso sometimiento a la prensa, con quien tiene convenios, y la hostilidad hacia quienes lo criticamos, y la imposición de obras de boato de sospechosa ejecución. Quizá el gobernador piensa que ante los hechos de Guerrero, en particular los de Iguala con la matanza y desaparición de normalistas, el caso poblano queda oculto y puede seguir actuando a sus anchas. Ya veremos.

¿Por qué actúa así el gobernador?

Varias veces, en distintos lugares y con diferente tipo de personas, he conversado sobre este tema. En lo personal, no pienso que Rafael Moreno Valle actúe del modo que lo hace atendiendo a un planteamiento ideológico o de principios políticos, éticos o sociales. Creo que muy pocos políticos mexicanos –¿o del mundo entero?– obran siguiendo un programa social. Creo que sus propósitos personales son su norma de conducta y punto. Respondiendo a un jerarca religioso mexicano y tratando de estar a tono con él, dije: el problema del gobernador es del espíritu, de su espíritu: tiene una ambición enorme, de poder y de dinero, pero tiene miedo, mucho miedo. Por eso su forma de actuar es haciendo que todos a su alrededor actúen con miedo, le tengan miedo; menos, claro, a los que reconoce como superiores: Elba Esther Gordillo en su momento, los presidentes de la República o algunos secretarios de estado.

A los críticos reales o potenciales los pretende desaparecer, controlar o anular. Al comienzo de su administración supuso que podría lograr este propósito, pero con el paso del tiempo, casi cuatro años ya, se tiene que haber dado cuenta que no pudo ser así. En algunos casos nunca fue así. Se equivocó con algunos medios de comunicación, pero se equivocó sobre todo con quienes fueron sus aliados en la campaña electoral y los primeros meses de su mandato. Ahí están los perredistas, que tanto lo defendieron primero y que hoy declaran en su contra día por medio. Lo mismo se puede decir de los panistas auténticos, de muchos grupos sociales, organizados en mayor o menor medida, que vieron en él la alternativa para evitar la continuidad de Mario Marín y el PRI, y que hoy se lamentan de ese apoyo, concluyendo que estamos viviendo un momento peor que con el góber precioso. Si dudan de esta afirmación hagan estimaciones comparativas y verán que no es falsa. De hecho, en la crisis reciente por los hechos de Chalchihuapan, Moreno Valle actuó con el mismo procedimiento que Marín cuando lo de Lydia Cacho: no es mi voz, fue un cohetón. Fue el remanente de arrogancia que conservaban ambos el día siguiente de sus respectivos conflictos. ¿Qué habremos hecho lo poblanos para merecer esto?

No se trata de una discusión política o ideológica; es un asunto más procaz. Son la codicia y la soberbia, con perdón del psicologismo de la afirmación. Cuando Maximino Ávila Camacho destruía al estado de Puebla, eran los tiempos de Lázaro Cárdenas como presidente; entonces el teziuteco rezaba el credo de la Reforma Agraria, la Educación Socialista y la Expropiación Petrolera; se ajustaba a la política reinante. Hoy Moreno Valle lleva a cabo la liturgia neoliberal: aseguremos la instalación del gasoducto, de las mineras, de la hidroeléctrica, de los transgénicos, al precio que sea. De paso, si podemos ocupar alguno de esos nichos de mercado, le entramos, faltaba más.

Por el bien del estado y mientras dure el gobierno de Moreno Valle, alguien debería hacerle cambiar. Necesita aprender que cada día un número mayor de poblanos nos resistimos a sus decisiones, casi siempre unilaterales y tomadas en estado de excitación, y que cada día los que le tenía miedo se lo van perdiendo. Gobernar por el miedo es el bumerang más peligros que hay: siempre regresa al que lo lanzó.