Por omisión de CNDH Facundo Rosas puede trabajar en Puebla

La semana pasada dejó a las autoridades un reto que, de no tomarlo en serio y proceder –como ha sido en los últimos– con el recurso del encubrimiento y la falta de aplicación de justicia, dejará una marca profunda en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Apenas iniciadas las investigaciones por la matanza del 30 de junio pasado de 22 supuestos delincuentes a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, que puso en la mira del mundo –gracias a revelaciones de medios internacionales– la problemática de los derechos humanos en México pues, de acuerdo con testigos, responde a una presunta “ejecución extrajudicial y no a un enfrentamiento con miembros del Ejército como afirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otro posible exceso de las autoridades encargadas de impartir justicia detonó una nueva crisis en el estado de Guerrero.

Al menos tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron asesinados en Iguala, Guerrero, entre la medianoche del viernes y la mañana del sábado, de acuerdo a autoridades locales. Por estas muertes, además de las de cinco civiles más en la que también estuvo involucrado el crimen organizado, según anunció la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una veintena de policías fueron arrestados en Chilpancingo, capital de la entidad que gobierna Ángel Aguirre Rivero.

Ayer, grupos civiles calificaron los homicidios de los normalistas como una “ejecución extrajudicial” y sus acusaciones revivieron los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando otros dos estudiantes de esa escuela, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, además del empleado de una gasolinera, perdieron la vida en un operativo realizado por la Policía Estatal y la Policía Federal para desalojar la autopista México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo.

Por estos hechos, el 28 de marzo de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación tanto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, entonces comandada por el polémico Genaro García Luna, y al propio gobierno de Aguirre Rivero por “violaciones graves a los derechos humanos como la libertad de reunión y abuso de poder” atribuibles a servidores públicos.

En especial, la CNDH afirmó entonces que preparaba una denuncia penal contra el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas ­–en ese momento responsable directo del operativo–, “por acciones y omisiones” en esos hechos.

Pero nada pasó en este caso.

Ni el gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa obligó a la SSP de García Luna a dar la cara por las acusaciones de asesinato y tortura, ni el Gobernador Ángel Aguirre asumió acciones de justicia para cumplirle a las víctimas, ni Facundo Rosas fue llevado ante la justicia, ya que, semanas después de su recomendación, la propia CNDH, que preside Raúl Plascencia Villanueva, lo exoneró.

Entre las consecuencias de esas omisiones está el que, un año después, el 1 de abril de 2013, Rosas Rosas fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla por el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y en que, según una nueva recomendación de la CNDH, fue directamente responsable del violento operativo del pasado 8 de julio contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Ese desalojo de manifestantes en la carretera Puebla-Atlixco –con granadas, cartuchos y proyectiles de gas lacrimógeno– causa lesiones graves a nueve personas, incluyendo al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien días después falleció a consecuencia de un cilindro de gas lacrimógeno lanzado por los policías poblanos.

Hasta el momento, nada ha pasado con Facundo Rosas, quien se mantiene en su despacho de la SSP, ahora bajo la protección del gobierno de Moreno Valle.

Lo de Ayotzinapa, hace casi tres años, y lo de Ayotzinapa, hace tres días, no son sino consecuencia de la impunidad con que operan los funcionarios, políticos y hasta las organizaciones oficiales defensoras de los derechos humanos en el país.

Se mata a sangre fría a los ciudadanos que protestan porque se puede, porque no hay castigos ejemplares, porque el brazo de la justicia es corto cuando se privilegian los intereses de grupos por encima de los de la mayoría.

Ayotzinapa ha vuelto a estar presente en la opinión pública en el momento en que el gobierno mexicano está en la mira de las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, debido al cúmulo de denuncias de abusos de autoridad por parte de la policía y el ejército, pero además, y muy grave, por la práctica recurrente de ejecuciones extrajudiciales, como incluso ha alertado el Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns.

No hay mañana para los gobiernos federal y estatales, además de el del Distrito Federal: o asumen su responsabilidad y aplican la justicia –sea quien sea el que la haya violado–, o el país se hundirá aún más en una espiral de violencia e injusticia que, también, da como resultado una mayor descomposición social.