Washington pide a México investigar matanza en Tlatlaya
Por Excélsior | Lunes, Septiembre 22, 2014
Justo en la víspera del viaje del presidente Enrique Peña Nieto a la ONU, su gobierno, las Fuerzas Armadas y los métodos federales para combatir al crimen organizado, se colocan en medio de un escándalo mediático y político de alcances insospechados; trasciende fronteras.
Todo fue desatado por el adelanto del reportaje que será publicado en octubre por la revista Esquire, edición Latinoamérica, según el cual 22 jóvenes —al parecer miembros de La Familia Michoacana— habrían sido “fusilados” por el uso de la fuerza letal de elementos del Ejército, la madrugada del 30 de junio, en la localidad mexiquense de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México… en los límites con Arcelia, Guerrero.
La pieza periodística elaborada por el reportero Pablo Ferri Tórtola y documentada con fotografías de Nathalie Iriarte, alimenta las sospechas que desde un principio envolvieron el supuesto enfrentamiento entre los militares y un grupo de criminales, el cual, según versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, abrió fuego desde una bodega ubicada a pie de carretera; la versión de la Sedena, emitida el mismo día del presunto fusilamiento, asegura que los militares atacados encontraron 38 armas de fuego, una granada… y liberaron a tres mujeres secuestradas.
Sin embargo, una primera investigación de las agencia Associated Press (AP) dio cuenta de escasas pruebas de una confrontación. En el exterior de la bodega no se encontró evidencia de la supuesta batalla, en cambio, en el interior, fueron localizados diversos orificios de bala que seguían patrones definidos y sugerían disparos a corta distancia al pecho de al menos cinco personas.
Tuvieron que transcurrir dos meses y medio para que el asunto volviera a adquirir la importancia que pretendió evitarse desde el primer día, cuando el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, sentenció: “El Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Según Esquire, las afirmaciones oficiales quedan en entredicho por el testimonio de una sobreviviente, identificada como “Julia” —nombre ficticio—. La mujer describe que efectivamente, los jóvenes —de entre 18 y 24 años— confrontaron a los militares por algunos minutos, pero al verse acorralados decidieron rendirse. A partir de entonces vinieron varias horas de interrogatorios y maltratos que concluyeron con el ajusticiamiento masivo.
Hasta ahora, de poco han servido las denuncias y demandas de información de organizaciones civiles nacionales y extranjeras como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, generalmente ninguneadas, las cuales exigen respuesta a las “denuncias creíbles (que) generan dudas sobre la versión oficial”.
El viernes, el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Ratkhe, sumó desde Washington un elemento de presión al “recomendar” una minuciosa investigación de los hechos.
Habrá quien cuestione la injerencia estadunidense en nuestros asuntos, pero no olvidemos que el gobierno de Barack Obama está técnicamente obligado por su Congreso a exigir una investigación, debido al papel de EU como proveedor de equipo militar, financiamiento económico, tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México —bajo la llamada Iniciativa Mérida—, para combatir al crimen organizado, mientras no se involucren actos de violación a los derechos humanos. No será fácil para la administración federal desoír la ronca voz del Tío Sam.
La acusación de la testigo “Julia” es grave y escandalosa. De confirmarse, estaríamos ante la peor masacre cometida por el Ejército mexicano en los últimos tiempos.
Por lo pronto, la PGR sale al paso para reiterar que “se tiene iniciada una averiguación previa (…) misma que está en etapa de investigación completa y profunda para llegar a la verdad”; el secretario de Gobernación compromete: “Si alguien actuó mal, habrá que castigarlo (…) Se hará lo que tenga que hacerse”; la Sedena, discretamente, promete cooperar con las indagatorias.
Las denuncias por comprobar ponen en entredicho la legalidad de la estrategia contra el crimen, el despliegue de efectivos castrenses en operaciones policiacas, el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos… y siembra serias dudas sobre la autoridad ética y moral de las Fuerzas Armadas.
BORREGAZO: Urgen respuestas… y ante suspicacias, certezas; prometer no empobrece, dar es lo que aniquila.
Twitter: @JoseCardenas1