Ruidosa exoneración al gobernador y colaboradores

Después de una larga agonía, las piezas se fueron acomodando para que el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, responda a las recomendaciones que le realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un plazo de quince días. Efectivamente algunos de los señalamientos de la CNDH pueden percibirse estruendosos. Habrá incluso quienes hablen de una intervención histórica por parte del ómbudsman nacional. Lo cierto es que al final de cuentas se cortarán las cuerdas por su parte más delgada y los responsables de dar instrucciones para el operativo armado contra los manifestantes de Chalchihuapan quedarán arropados por la impunidad del gobierno y su conveniente cercanía con Raúl Plascencia.

La CNDH aseguró que la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo ocurrió por “el uso excesivo de la fuerza y negligencia” de la policía de Puebla. Descartó además la hipótesis presentada por el procurador estatal Víctor Carrancá, respecto a que la onda expansiva de un cohetón impactó en el cráneo del menor de edad, provocando su muerte. ¿Estas conclusiones tendrán consecuencias sobre el gobernador y sus allegados ¿Descartar la inconcebible onda expansiva acarrea alguna pena contra Carrancá por su absoluta imprecisión en la procuración de justicia

Como lo señala el activista poblano Misra Herfer, quien ha dado personal acompañamiento a la familia de José Luis: “Las recomendaciones de la CNDH fueron muy tibias, pues en ninguna se responsabiliza al gobernador ni al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado, y tampoco toma en cuenta las violaciones graves a los derechos de manifestación, reunión y a la libertad de expresión cometidos por el gobierno de Puebla”. De las once recomendaciones que Raúl Plascencia hizo públicas el día de antier, ellos saldrán bien librados. La reacción de la CNDH resultó inaplazable debido a los tiempos políticos por los que atraviesa el ómbudsman, ya que este caso se presentó meses antes de su posible ratificación y las acusaciones sobre su cercanía con el gobernador pusieron aún más en tela de juicio su desempeño. No debe haber sido fácil elaborar un documento que a primera vista luce contundente, sin antes medir con cuidado que el gobernador y sus cercanos salieran ilesos. El trabajo estuvo hecho con precisión retórica y agudeza mediática, sin embargo, es un hecho que después de la muerte del niño no habrá una sola consecuencia penal sobre las autoridades de alto mando del estado de Puebla.

Recordemos los siguientes eventos: En mayo de este año el ómbudsman felicita a Moreno Valle por la Ley Bala a pesar de su evidente inconstitucionalidad; paralelamente el ómbudsman recibe un premio Honoris Causa de manos del gobernador en la Benemérita Universidad de Puebla. Su aval para la ley no se limita a celebrar que en Puebla se legalice el uso de la fuerza contra los manifestantes, sino que incluso incita a otros estados a reproducir marcos jurídicos de la misma naturaleza; la oportuna aparición de su interlocutor Juan Pablo Piña Kurczyn, quien justamente apareció en acción cuando Moreno Valle requería de un asesor jurídico con fuertes vínculos en la CNDH, que no lo responsabilizara y a la vez redujera el riesgo de que el ómbudsman perdiera la oportunidad de ser ratificado.

La evaluación que realicen los legisladores para decidir si Raul Plascencia sigue siendo el ómbudsman de nuestro país, tendrían que contemplar no sólo el alcance mediático de estas recomendaciones, sino su contradictorio procedimiento, así como la alevosía con la que aplaudió la ley frente al cinismo con el que procrastinó el caso.

Al ratificar a Plascencia en su cargo, acompañarían con su visto bueno este retraso para declarar la inconstitucionalidad de una ley que nos ha costado la vida de un niño, pero además fortalecerían el encubrimiento de actores que ven en el autoritarismo y la represión, apetitosos mecanismos de empoderamiento.