Proyectos de Participación Social hipotecan a Puebla por 169 años

Al menos 169 años dejó ya hipotecados el gobierno de Rafael Moreno Valle a los poblanos con el esquema de Proyectos de Participación Social (PPS).

El académico de la BUAP, Alejandro Chávez Palma, los llama “Fondos Buitres”, pues en monto representarán una sangría para Puebla del orden de los 9 mil 070 millones de pesos y la entidad quedará a merced de los grupos de inversión privada.

Dicha cantidad es dos veces superior al presupuesto del Ayuntamiento de Puebla y rebasa en 40 por ciento el monto de la deuda pública directa del estado.

Las actuales y próximas generaciones de poblanos tendrán que pagar mil 662 millones de pesos por la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, en un lapso de 30 años, con una nueva firma que sustituya a Oceanografía, a la que el gobierno le revocó el contrato. Está en litigio.

El nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia costó 150 millones de pesos, asignado a Edificaciones y Desarrollo de Ingeniería, por un periodo de 20 años.

La plataforma AUDI por 25 años a un valor de 2 mil millones de pesos. La empresa que cobrará será Construcciones y Desarrollos Inmobiliario Santa Fe (Codesa)

La Estrella de Puebla también está en la hipoteca pública a 25 años por 400 millones de pesos. La firma favorecida es Maurer Germán Wheels (GmbH).

El Centro Integral de Servicios por 3 mil 800 millones de pesos a 24 años, a favor de Grupo Técnico Constructor (Tradeco).

Figura el Museo Internacional Barroco para La Peninsular de Carlos Hank por 20 años, donde habrá una inversión de mil 390 millones de pesos, de los cuales sólo aplicarán PPS por 650 millones.

Está pendiente el Mini Teleférico que costará 400 millones de pesos para AyPP Construcciones y CEMS-Constructores por 25 años.

Los PPS son esquemas de coinversión entre gobierno y particulares, donde el empresario se vuelve financiero del proyecto y recibe el usufructo a largo plazo.

Aquí el modelo jurídico de los PPS

Lo cierto es que este esquema de inversión disfraza la contratación de deuda pública directa y permite endosar a futuros gobiernos su cumplimiento de pago.