Puebla rectifica y da nombre de mando en Chalchihuapan

El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas dio marcha atrás a su decisión de dejar bajo reserva por siete años la información del operativo de desalojo del 9 de julio pasado que implementaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal contra los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, que dejó a nueve ciudadanos heridos de gravedad y al menor José Luis Tehuatlie Tamayo con impactos en la cabeza que, 10 días después, le costaron la vida.

Este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, encabezada por Facundo Rosas Rosas, desclasificó detalles del operativo y, a través de un boletín enviado por esa dependencia y por instrucciones del Gobernador, informó que en el operativo para abrir la circulación en la autopista Puebla-Atlixco participaron un total de 427 policías preventivos adscritos a la SSP.

La dependencia destacó que los policías “solamente se utilizaron equipo de disuasión” consistente en: 20 lanzadores de dispositivos de gas lacrimógeno, 13 de ellos sencillos y siete múltiples, 66 dispositivos de gas lacrimógeno de largo alcance lanzados desde los instrumentos antes referidos, de la marca Combined Systems y 166 dispositivos de gas lacrimógeno de corto alcance que solamente arrojan gas y no cartuchos.

También informó que se usaron 426 escudos protectores de policarbonato, 426 cascos de protección personal y 426 bastones.

El boletín de la SSP de Puebla precisó el nombre del inspector que ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista Puebla-Atlixco. Se trata de un mando medio, identificado como Willibaldo Díaz Castillo y quien es director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva.

La SSP de Puebla sostuvo que la información se dio a conocer por instrucciones del Gobernador y en respuesta a solicitudes recibidas por ciudadanos a través de los mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre el operativo de Chalchihuapan.

Ayer, el gobierno que encabeza Moreno Valle Rosas, declaró bajo reserva por siete años toda la información del desalojo del 9 de julio.

De acuerdo con información de Un1ón Puebla, y de diarios locales, la administración morenovallista habría clasificado como reservada la información sobre cuántos uniformados acudieron a controlar la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, en un tramo de la carretera Puebla-Atlixco, así como el nombre del funcionario que estuvo al frente del operativo.

DAN DATOS INCOMPLETOS A CNDH

Tanto Facundo Rosas como el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Puebla, Víctor Carrancá Burget, comparecieron en los primeros días de agosto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que investiga el caso de San Bernardino Chalchihuapan.

Ambos funcionarios, según informó a la prensa el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, entregaron información parcial en sus declaraciones y prometieron reportar todos los detalles por escrito en los siguientes días.

Hasta el momento, no se sabe si esa información cedida a los investigadores de la CNDH contiene realmente las exigencias del organismo que, a decir del propio Plascencia Villanueva, se centraban en el reporte de cuántos elementos policiacos intervinieron en el desalojo, el tipo de armas que usaron, quién encabezó el operativo y, además, quién dio la orden para disolver con el uso de la fuerza la manifestación.

TAMPOCO CREEN EN LA CNDH

La negativa del gobierno de Rafael Moreno Valle para entregar detalles del caso Chalchihuapan y congelarla por siete años se da justo el día en que Darío Ramírez, director en México de la organización internacional Artículo 19, calificó como “una vergüenza, descaro y cinismo” la actuación de Raúl Plascencia Villanueva y, en especial, sus ligas con el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al avalar la controvertida “Ley Bala” en esa entidad.

De acuerdo con el defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos, el Ombudsman nacional ha inaugurado un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre; el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla lleva también su nombre, gracias a su cercanía con Moreno Valle.

“La CNDH está secuestrada por un grupo de personas incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Es, claramente, el ‘Ombudsman Bala’. Refleja la práctica a través de una acción. Fue él quien avaló la ley del ‘Gobernador Bala’, Moreno Valle”, planteó Ramírez.