Reserva de expediente, ocultará 7 años errores en Chalchihuapan

Se dice que a los pocos días de los hechos trágicos de San Bernardino Chalchihuapan el principal responsable de la seguridad pública en el estado habría manifestado su disposición a irse del Poder Ejecutivo, como una manera de zanjar la crisis política que generó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, pero advirtió que estaba dispuesto a renunciar, pero no a ser enjuiciado, porque si ocurría lo segundo, iba a señalar a los responsables directos de dar las órdenes que desataron ese violento desalojo.

La anterior historia parecería ser cierta y a ello obedece la decisión del gobierno del estado de mandar a reserva por siete años toda la información importante del operativo contra la población de Chalchihuapan, como un intento de ocultar evidencias o testimonios que señalen quiénes son los responsables directos de haber ordenado un indiscriminado despliegue policiaco que el pasado 9 de julio lo mismo acabó agrediendo a hombres adultos, así como a ancianos, mujeres y sobre todo a los niños que estaban en la zona.

Moreno Valle está confiado en que el apoyo que dio a las reformas estructurales del gobierno federal y el compadrazgo que en mayo pasado estableció con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, lo salvarán de un juicio político.

Pero en caso de que esas lealtades, de Los Pinos y la CNDH, no le surtan un efecto positivo, su segundo recurso ha sido el ocultar, maquillar o desaparecer información, como una medida de que no se conozca a detalle cómo se generaron los hechos violentos contra los labriegos de Chalchihuapan.

Un primer paso en esa segunda dirección fue la actuación de Facundo Rosas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien en su comparecencia ante la CNDH entregó información parcial y omitió muchos detalles del operativo.

El segundo paso ha sido mandar a reserva el expediente del operativo, por un periodo de siete años, y solamente difundir información menor, que no conduce a establecer a los verdaderos autores de la barbarie cometida contra la gente que el pasado 9 de julio protestaba por el retiro del registro civil en las juntas auxiliares.

El gobierno está obstinado en martirizarse, pues su estrategia sigue siendo la misma: sostener que los violentos, vándalos, terroristas, inhumanos, fueron los campesinos de Chalchihuapan con sus piedras de “grueso calibre” y un cohetón que tenía la potencia de un misil.

Al final lo que cuenta es que existe ya una condena popular contra los abusos cometidos contra Chalchihuapan, y ese juicio no se eliminará ni se reduce en sus efectos, con respuestas de solicitudes de información o videos tramposos. El índice de credibilidad del señor gobernador tardará mucho en recuperar sus buenos niveles.