Tras la crisis de Chalchihuapan, se hunde la credibilidad del gobierno poblano

Cuando alguien cae en un pantano, la manera para salir es no caer en pánico, observar dónde está la orilla más cercana y buscar, con calma, paciencia y sin movimientos bruscos, llegar a tierra firme. Pero si cuando se cae en un pantano el miedo se apodera del cuerpo, se lanzan patadas y manotazos de desesperación, y no hay una idea clara hacia dónde caminar, pasa lo que en tres semanas sucedió con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle: se hunde.

El 9 de julio, 11 comunidades de Puebla protestaron para pedir la restitución del registro civil en las juntas auxiliares. Una de esas protestas fue en el municipio de Chalchihuapan, donde el bloqueo de la carretera de Puebla-Atlixco generó choques con la policía que dejaron como saldo a un menor de 13 años muerto. Un tema que debía haber quedado circunscrito en el ámbito judicial fue detonado como político por el propio gobernador, cuando un día después de la muerte del menor, pidió al Congreso local que revocara la llamada “Ley Bala”.

Esa ley, cuya versión original criminalizaba la protesta social y abría la posibilidad de disparar contra los manifestantes, fue reformada en el Congreso. Se eliminaron los componentes de abuso policial, y quedó dentro del marco constitucional. Se le quedó el mote de “Ley Bala”, que al no atenderse la percepción, se mantuvo la idea que era una ley represiva. Por eso, tras los enfrentamientos del 9 de julio, esa caracterización fue utilizada por los críticos de Moreno Valle, quien sin comprender que el problema judicial iba caminando hacia el terreno de lo político, cometió la pifia que lo sumió en la peor crisis de su mandato y manchó, abolló y perjudicó –sin saberse aún cuánto- sus aspiraciones presidenciales para 2018.

Pedir la abolición de la “Ley Bala” equivalió a legitimar las críticas que se habían hecho a su iniciativa original, y fortaleció a sus detractores. Asimismo, al hacerlo, un tema circunscrito hasta ese entonces al ámbito poblano, alcanzó dimensión nacional, pues pedir su revocación fue sinónimo de reconocimiento de represión policial. Al condenarlos se condenó a sí mismo, mostrando que el choque político que se venía incubando en Chalchihuapan, lo racionalizó como un problema de medios, epidérmico y de control de opinión pública.

Bajo esa lógica, sus asesores le recomendaron viajar a la ciudad de México, donde se reunió con grupos editoriales de diversos medios de difusión nacional. Minimizó el trabajo político en Chalchihuapan, y el saldo al terminar la semana era el siguiente: 54 senadores del PRI lo responsabilizaron de la muerte del menor; el presidente del partido, lo acusó a su gobierno de violador de derechos humanos; el líder nacional del PAN, a quien ayudó a reelegirse, lo dejó caer con su silencio; sus recientes aliados del PRD, pidieron juicio político en el Senado. Arturo Rueda, columnista de Diario Cambio de Puebla, reveló que sólo tres periodistas creyeron sus dichos, mientras dos decenas lo cuestionaron.

Ante la derrota mediática y política, los asesores del gobernador le recomendaron callarse y escondersedetrás de la investigación judicial. El tema ya se había bifurcado y sus asesores lo dejaron en las arenas movedizas, mientras el pantano se lo engullía. En lugar de utilizar toda la fuerza para salir de la trampa a la que lo llevó su estrategia, bajó los brazos. Su vocero Héctor Alcudia, confirmó en una entrevista en Radio Capital, que el gobernador no hablaría, porque no era un tema político. Pero la semana previa, a través de las redes sociales, enfocó el conflicto en un pleito con una diputada del PRD y criminalizó a un grupo de manifestantes.

Todos los manuales de control de daños fueron violados por el gobernador. Nunca ofreció condolencias a las víctimas; Alcudia dijo que le pidió que lo hiciera a su secretario de Salud. Nunca se concretó; Alcudia explicó que no lo recibió la familia del menor. Moreno Valle no utilizó las redes sociales para expresar sus condolencias; Alcudia dijo que eso no era serio e insistió que el caso no era político. Este jueves, se cayó su argumentación.

La Secretaría de Gobernación convocó al gobierno de Puebla y a organizaciones sociales enfrentadas a él, a una mesa de diálogo este jueves. La intermediación de la Secretaría se dio el lunes pasado, confirmando que los sucesos del 9 de julio habían rebasado ampliamente el ámbito judicial. El mal manejo político y público en Chalchihuapan le generó problemas adicionales al gobernador. Los representantes de Moreno Valle tuvieron que acudir a la convocatoria desde una posición de debilidad. En Gobernación las organizaciones sociales ya no sólo le plantearon los problemas de Chalchihuapan, sino las demandas que durante meses le habían presentado sin recibir respuesta alguna.

Moreno Valle equivocó el diagnóstico, el rumbo y las consecuencias del manejo de la crisis en los primeros días. La realidad que veía no era lo que sucedía en las calles. Entender que cometió yerros, no basta. Tiene que dejar de agitarse, serenarse y pensar, rectificar la estrategia inicial que lo hundió y llegar a la orilla del pantano a salvo, con pérdidas, pero vivo y a salvo. Claro, el presupuesto indispensable para que esto suceda, es que acepte que estuvo mal en su manejo político, y actúe en consecuencia.

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