Función Pública impuso multas a 640 funcionarios, pero no los obliga a pagarlas

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto sanciones económicas a 640 funcionarios públicos por un total de mil 419 millones de pesos, pero no hay una ley que obligue a los servidores castigados a pagarlas.

De 2010 a 2013, el índice de recuperación de las multas y sanciones administrativas era de 0.1 por ciento. A partir de ese año y en 2014 no hay información de la SFP que indique sobre el índice de recuperación de las multas, porque la dependencia afirma que no está en su competencia hacer el cobro, sino únicamente fijar el monto.

Es así como Función Pública tiene una lista de 640 funcionarios a los que se les han impuesto multas que van desde los 60 millones de pesos, como al ex director de Pronósticos Deportivos Adolfo Felipe Blanco por negligencia administrativa, hasta sanciones por 500 pesos, como a Rubén Becerra, un suboficial de la Policía Federal que también fue inhabilitado por 10 años en cualquier cargo público.

Aunque la dependencia deberá vigilar que los funcionarios públicos no sean contratados por otras dependencias, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no existe ninguna cláusula que dé facultades para dar seguimiento al pago de la sanción económica, por lo que en la mayoría de las ocasiones no se cubre por completo.

De acuerdo con una solicitud de información ante el IFAI, la SFP detalla castigos a 640 servidores públicos por un total de mil 419 millones de pesos.

En esta misma lista se lee que de 2013 a la fecha la sanción más alta aplicada a una funcionaria pública es por 149 millones 931 mil 251 pesos, contra María del Rosario de León García, quien fuera subdirectora de Finanzas del ISSSTE.

A pesar de que la sanción aparece en la solicitud de transparencia, el nombre de la funcionaria no se encuentra en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados que se puede consultar públicamente en internet.

La segunda multa más significativa se dictó contra Marco Antonio Jasso Zaranda por una violación de las leyes y normatividad presupuestal, que además significó una inhabilitación por 20 años y destitución de su cargo como delegado en el Distrito Federal de la Secretaría de Desarrollo Social.

Los artículos sobre los que se fundamenta la Ley de Servidores Públicos para aplicar una medida sancionadora establece en su artículo 30 que “las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables”.

Es decir, que la responsabilidad de cobrar los adeudos de dichas sanciones no recae en la Secretaría de la Función Pública, sino en la de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria.

“FALTAN DIENTES A LA SFP”

Organizaciones especializadas en el combate a la corrupción y en la sanción de irregularidades en el gobierno consideraron que la falta de “dientes” en la dependencia que castiga a los servidores públicos es una de las causas por las que no se inhibe la conducta delictiva.

Eduardo Bohorquez, presidente de Transparencia Mexicana, consideró que la Secretaría de la Función Pública se queda corta en las acciones de castigo o seguimiento en contra de los actos de corrupción, la laxitud en las sanciones o en las normas, son las que impiden que haya una inhibición en las conductas delictivas.

En tanto, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, consideró que las últimas modificaciones legales para abatir la corrupción, lejos de fortalecer a los organismos, los hacen más vulnerables y menos operantes.