Políticos poblanos se juegan su futuro alrededor del cadáver de José Luis Tehuatlie

Resuelta reprobable —si no es que criminal—, que de tanto en tanto los políticos mexicanos utilicen la muerte accidental y/o deliberada de un ciudadano como arma letal para derribar o destruir al adversario. Y no, a pesar de la desmemoria colectiva, no es ninguna novedad la también llamada “política de sangre en las manos”.

Más aún, ya es parte de la jerga política y periodística que cuando se produce el choque entre un grupo radical con alguna autoridad, los ciudadanos entienden sin más explicaciones que los rijosos pudieran “buscan un muertito” que justifique su lucha y que les provea de un mártir que la enarbole.

Es decir, que en la política mexicana —en la que todo se vale—, de tanto en tanto se vale la construcción deliberada de un mártir, a pesar de que ese peculiar exceso de la política se sustente en el sacrificio de una vida humana. Por eso la pregunta: ¿Vale una victoria política la vida de un ciudadano? Por increíble que resulte, para ciertos políticos la vida humana vale poco frente a las victorias políticas.

Y si quieren un ejemplo de lo anterior, basta recordar que en la disputa política del entonces presidente Carlos Salinas con el poderoso líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el gobierno sembró armas y un cadáver para justificar la detención y enjuiciamiento del cacique petrolero. Otro ejemplo es el accidental incendio en la guardería de Hermosillo, Sonora, cuyo efecto fue usado con fines electorales.

Pero no, la “política de sangre en las manos” no es propia de regímenes viejos, y/o arcaicos en México. Hoy mismo está vigente en el estado de Puebla, en donde dos facciones de la clase política local pelean posiciones de poder y se juegan su futuro, en torno al cadáver del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien perdió la vida a causa de un proyectil que le partió la cabeza.

Como se sabe, la agresión al menor se produjo luego de un choque entre ciudadanos inconformes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan —que reclamaban el regreso de la agencia municipal del Registro Civil—, y la policía Estatal. Los pobladores dicen que el niño fue víctima de una bala de goma en la cabeza —luego que el Congreso aprobó recientemente el uso de esas balas por parte de la policía—, en tanto que la autoridad estatal insiste en que el niño fue víctima de un petardo que le estalló en la cabeza; petardo de los que lanzaron los inconformes contra la policías.

Ante la contradicción de las versiones sobre la muerte del menor, sin duda que una de las partes miente. ¿Quién trata de engañar a la opinión pública con el cuento de que el otro es responsable de la muerte de un niño al que, sea una bala de goma, sea un petardo, le arrebató la vida? ¿Quién, qué clase de político tiene la cachaza de utilizar la muerte de un niño para engordar su causa y para debilitar o destruir al adversario?

¿Por qué ninguna autoridad es capaz de sancionar el uso faccioso, político y mentiroso de la muerte? ¿De qué están hechos los políticos mexicanos que gustan del uso de un ciudadano muerto como argumento para avanzar en sus carreras; para utilizar la muerte de un ciudadano —y de un niño—, como ariete para golpear a sus adversarios?

Está claro que mientras el gobierno de Rafael Moreno Valle trata de salvar su imagen de gobernador y potencial candidato presidencial del PAN —con el argumento de que su gobierno no mató al niño porque los policías aún no utilizan balas de goma—, los opositores al “Morenovallismo” —que se identifican con la diputada del PRD, Roxana Luna, dirigente del grupo conocido como Los de Abajo, y que ha enderezado una costosa campaña contra el gobernador poblano—, hacen todo por utilizar la muerte del menor como estandarte para debilitar la imagen de Moreno Valle.

Lo cierto, sin embargo, es que la autoridad federal —que es del PRI—, tiene la responsabilidad de investigar los hechos, probar científicamente la causa de la muerte del menor y, con esas evidencias, iniciar un proceso penal contra el o los responsables, sea el gobierno de Moreno Valle, sean habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.

Al final de cuentas, poco importa si Moreno Valle defiende su proyecto político o si la diputada federal Roxana Luna pretende utilizar con fines políticos la muerte de un niño, lo importante es que se castigue a los criminales y que se produzca un rechazo generalizado a “la sangre en las manos” de los políticos. Al tiempo.

En el camino

De última hora, la PGR podría concluir que el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo habría muerto a causa de un petardo que le estalló en la cabeza.