Con la Ley Bala, Moreno Valle y su Congreso abrieron la puerta a la tragedia

Puebla es hoy una muestra de un falso dilema. No sé si por maña o confusión de los políticos y varias Organizaciones No Gubernamentales.

Parecería que frente a las manifestaciones los gobiernos sólo tienen de dos sopas: permitir con total impunidad que grupos violentos realicen actos de vandalismo que afecten a terceros o reprimir brutalmente a quienes protesten.

Los partidos políticos viajan de una postura a la otra según les va tocando ser gobierno u oposición: no les interesan los derechos de manifestación, libre expresión, libre tránsito y seguridad pública. Trabajan para los grupos profesionales de la protesta que los apoyan o para cuidar la cara de sus figuras.

En las democracias más avanzadas del mundo tienen claro que el derecho a protestar se respeta sin condiciones. Y también que el uso de la fuerza es legítimo cuando quienes se manifiestan recurren a la violencia y al vandalismo. Esto nadie lo discute.

Por eso es muy fácil detectar casos de abuso policiaco. Hay protocolos y reglamentos detalladísimos tanto para las fuerzas públicas de seguridad como para los manifestantes. Y los policías tienen una capacitación permanente para saber qué hacer frente a multitudes enojadas.

La llamada Ley bala aprobada en el mes de febrero en Puebla pareció en un principio un intento por ordenar el tema. Pero el gobierno de Rafael Moreno Valle y la mayoría PAN-PRI en el Congreso local se excedieron:

Comenzaron tomando en cuenta en su iniciativa la capacitación para los policías y el establecimiento de protocolos, pero terminaron incluyendo apartados peligrosos como que en el cuarto nivel de emergencia frente a una manifestación, los policías usen balas de goma, armas de fuego y “armas letales” en general.

Esperable: la reacción de las Organizaciones No Gubernamentales fue de enérgico rechazo y denuncia, y aun así la ley se aprobó.

Si en la frontera entre Estados Unidos y México siempre estamos en contra del uso de balas de goma (que en todo el mundo se sabe que sí pueden causar la muerte), es absurdo ponerlas en manos de policías mal capacitados y plasmar en la ley que pueden usar armas letales contra manifestantes. Era abrir la puerta a la tragedia.

El 9 de julio, en San Bernardino Chalchihuapan, pobladores que protestaban por el retiro de los registros civiles bloquearon la autopista Atlixco-Puebla. Con la Ley bala en vigor llegó la policía estatal. Hubo un enfrentamiento: no se veía gran capacitación de los policías que arrojaban a la gente lo mismo granadas de gases lacrimógenos que las mismas piedras y objetos que habían recibido primero.

Fue herido en la cabeza el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien terminó muriendo. Los pobladores afirman que lo mató una bala de goma de la policía. Las autoridades niegan que se hayan usado y afirman que lo hirió un cohetón, arsenal de manifestantes.

La tragedia es que falleció un niño de 13 años. Un juez ordenó la suspensión de la citada ley. Hoy en Puebla de nuevo no hay protocolos ni reglas vigentes, hay un niño muerto y el debate sigue en el mismo atolladero.

Como si la impunidad y la represión fueran las únicas dos opciones.