Bartlett pide en el Senado liberar a opositores al gasoducto

El caso Puebla sigue escalando en el Poder Legislativo federal. Ayer, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz, propuso un punto de acuerdo a fin de que se exhorte al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas “para que sean liberados inmediatamente los legítimos opositores al Plan Integral Morelos y cese la persecución, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos y políticos de los pobladores y dirigentes de organizaciones sociales”.

El punto, que está incluido en la Gaceta Parlamentaria, también plantea que se conmine a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efectuar “una investigación exhaustiva y emita recomendación al gobierno del estado por la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores al Proyecto  Morelos”.

Asimismo, plantea la comparecencia ante Comisiones del Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y el Gasoducto Tlaxcala–Puebla–Morelos”.

Debido a la discusión que ha generado la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones a Bartlett Díaz no le dieron la palabra ayer en la sesión, pero su propuesta se incluyó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta y puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46942.

Entre otras cosas, en su exposición de motivos, el ex gobernador poblano plantea que el Proyecto Integral Morelos “presenta contradicciones, omisiones y faltas administrativas que deslegitiman un trabajo objetivo y serio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar los impactos del proyecto” y que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, consideró que era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto”.

“Respecto a las normas de seguridad del gasoducto, los folletos entregados por la CFE a las diversas poblaciones en los tres estados da testimonio de que para la seguridad de la población, las válvulas de seccionamiento se encontrarán a cuatro kilómetros una de otra. Sin embargo, en realidad el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población.

“Que el MIA en su página 71, describe las consecuencias ambientales que traerá el proyecto específicamente la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera y la contaminación del agua por los procesos químicos que empleará la termoeléctrica con las torres de enfriamiento: gas cloro, ácido sulfúrico, etcétera. Sin embargo, dicha descripción es fragmentada e incompleta.

“Que según las Cuentas Públicas 2009 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, en México el Margen de Reserva por exceso de producción de energía es del 50 por ciento, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables que son del 18 por ciento, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de destinar recursos públicos a un proyecto que solo atenta en contra de los pobladores de la Región Izta–Popo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes.

“Que la reacción de los pobladores ante la imposición del PIM y específicamente del gasoducto, que recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades cercanas a la zona de contingencia del volcán Popocatépetl, fue la de organizarse para exigir el respeto a su patrimonio, a sus recursos naturales y a su seguridad, tal y como está establecido en los Programas de Ordenamiento Territorial y Ecológico de la Región del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia”.

“Que el temor de los habitantes ante una Contingencia es aún mayor ya que en septiembre de 2012 en San Martín Texmelucan hubo 17 muertos, 60 heridos y pérdidas incuantificables por la explosión de un gaseoducto. Que la respuesta de las dependencias del Ejecutivo Federal, de las empresas extranjeras y de los gobiernos de los estados, específicamente el de Rafael Moreno Valle en Puebla, ha sido la persecución y la represión, violando sistemáticamente los Derechos Humanos. Moreno Valle, con la actitud fascista que lo caracteriza, entre el 6 y el 8 de abril aprehendió y encarceló a tres dirigentes sociales y ordenó se giraran 6 órdenes de aprehensión y se le acusa de haber enviado a burócratas del Banco Estatal de la Tierra a las comunidades para amenazar que otros 150 pobladores están en su lista negra”.