Blindarán sede del tercer informe en el auditorio de la Reforma

Por El Popular | Sábado, Enero 11, 2014

Dados los anuncios que han hecho diversos grupos sobre posibles movilizaciones para el próximo 15 de enero, el gobierno del estado implementará un operativo en las inmediaciones de la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe para disolver cualquier manifestación que se pueda dar.

Lo anterior de acuerdo con declaraciones de Luis Maldonado Venegas, secretario general de gobierno, quien aseguró que la situación en todo el estado se encuentra bajo control.

Sin embargo, apuntó que en caso de haber algún tipo de movilización en el marco del Tercer Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle "se desactivará cualquier amenaza de protesta".

Para esto, se desplegarán alrededor de mil 500 policías estatales en la zona de Los Fuertes, y en particular en la cercanía del Auditorio de la Reforma, sede del Tercer Informe del mandatario poblano, comentó por su parte Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública estatal.

Esto implica que sólo para la vigilancia del acto protocolario se destinará un cuerpo de fuerza similar a la totalidad de uniformados con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la capital.

Rosas Rosas añadió que, corno en años anteriores, se tiene prevista la instalación de arcos detectores de metales a fin de evitar que se ingrese con armas.

Además se hará un cierre parcial en la zona de Los Fuertes para evitar un congestionamiento vial, de tal manera que se agilice el acceso a los mil 5oo invitados que asistirán al informe de Moreno Valle.

"Ya se cuenta con la logística diseñada para el 15 de enero, donde se plantearon las precauciones correspondientes", puntualizó el secretario.

Días antes de que Moreno Valle llegue a la mitad de su sexenio, grupos de maestros ya anunciaron movilizaciones para esa fecha.

Por ejemplo, el Comité Democrático Magisterial Poblano, encabezado por Gilberto Maldonado Maldonado, anunció una movilización para exigir la restitución de los profesores que fueron despedidos por hasta dos años por negarse a aplicar la prueba ENLACE.