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Mujeres, vida privada y pública |
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| Mujeres, vida privada y pública | | Imprimir | |
| Sandra Aguilera Arriaga | |
| martes, 09 de marzo de 2010 | |
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En este 8 de marzo llegaron a mi correo dos tipos de mensajes. En unos, felicitan a las mujeres por el hecho de serlo y destacan las virtudes y roles que les son atribuidos como madres, esposas y profesionistas que pueden decidir, algunos asuntos, para su desarrollo y el de la familia; en otros, encontré aquellos pronunciamientos y voces que cuestionan las condiciones actuales en las que las mujeres, como género, nos encontramos y ante las que es imposible permanecer indiferente.
Sin lugar a dudas, cuando pienso en que tengo dos hijas, sanas, inteligentes y sensibles a lo que ocurre en su entorno y que en el trayecto de la vida tomo decisiones en las que mi desarrollo personal, profesional y mi formación académica se ven fortalecidos, estoy clara que esto es posible porque cuento con herramientas y condiciones socioeconómicas y educativas básicas para llevar a cabo todo esto. Asimismo, poder establecer una relación, no sin fricciones, con mi pareja, y construir una convivencia que nutre y reta la creatividad cotidiana para mantener la llama doble y generar afectos duraderos y vitales en el seno de la familia, me lleva a experimentar la sensación de alegría por ser mujer. Una mujer que decide las hijas que quiere tener, que construye en pareja condiciones para desarrollarse y vivir de acuerdo a un proyecto de vida satisfactorio.
Pero, lo anterior, tiene que analizarse dentro de un contexto mayor porque cualquier acontecimiento que ocurre está ligado, por múltiples aristas, al entorno sociocultural en el que sucede. En esta reflexión entran, desde luego, las desigualdades que la sociedad construye para los diferentes estratos socioeconómicos. Tener acceso a la alimentación, a la salud y a los servicios educativos tiene que ver con la distribución de la riqueza en nuestro país y, en México, esto es abismalmente desigual entre los ricos y los pobres. Este último punto es esencial en la persistente discriminación y violencia contra las mujeres en nuestro país y en el estado. Entonces, aunque de manera personal puedo sentirme satisfecha, no puedo estarlo completamente porque es imposible ignorar la situación de discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres porque estoy integrada, socialmente, al género femenino. Es decir, lo que les ocurre a las mujeres en general, me afecta y me compromete.
Por otra parte, es bueno reconocer que hay avances en varios terrenos en los que las mujeres destacan y en los que antes era impensable hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito científico, según la UNESCO, el porcentaje de mujeres que investigan, en nuestro continente, es cercano al cincuenta por ciento del total de científicos que hay. Las universidades se han feminizado, las mujeres incursionan en todos los ámbitos de la vida pública y muestran su capacidad para afrontar la jefatura en las familias y miles de niñas acuden a las escuelas básicas del país. Sin embargo, hay muchos puntos pendientes en los que es necesario reflexionar y, sobre todo, actuar porque es grave la situación actual.
Las mujeres en México, y en Puebla, se enfrentan aún con crecientes problemas de discriminación, exclusión y violencia en todos los espacios de la vida privada y pública. Las muertes impunes en muchos estados de la República es un dato escalofriante que debe preocuparnos. Si bien la dolorosísima situación de Ciudad Juárez nos mantiene incrédulos e indignados ante lo que sabemos, Puebla también tiene saldos a ese respecto. En el primer semestre del 2009 desaparecieron en nuestro estado 569 mujeres y, del 2005 al 2009, se reportaron 3,323 mujeres desaparecidas, según la Procuraduría de Justicia del Estado. Son muy pocas las voces que reparan en estos graves delitos.
Otro ataque violento reciente, que significa un gran retroceso en salud pública y en materia jurídica, es el referente a las leyes antiaborto firmadas en casi una veintena de estados del país. Como lo sostiene la Academia Nacional de Ciencias que, aparte de estar en contra de los tratados internacionales pactados por el gobierno, las reformas hechas a la Constitución, en este sentido, representan una violación a los principios del Estado laico, una incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, complejo y multifácetico de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida en la que están basadas dichas reformas (cfr.Issa Leo, Laura Wong y Reina García. Boletín 0 Ayuda en Acción México, 2010). ¿Quién debe decidir sobre el cuerpo de las mujeres? Desde luego que cada una de nosotras.
De igual forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2009) informa que el 67 por ciento de mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, vale la pena subrayar que las relaciones de violencia existen actualmente en el noviazgo donde un 61 por ciento de las jóvenes, de 15 a 24 años, manifiesta que sus novios han ejercido diferentes formas de violencia contra ellas (ENVINOV, 2007). Por otra parte, en Puebla, en la Sierra Norte, según un estudio, que apenas vio la luz pública, realizado por la asociación Casa de la Mujer Indígena, el 80% de las mujeres indígenas sufre violencia doméstica y el 60 % de ellas padece de cáncer cervicouterino, mamario y otras enfermedades graves.
En el documental, presentado hace unos días, A la sombra del Guamúchil. Historias de vida de mujeres indígenas presas (Aída Hernández y Meztli Yoalli Rodríguez, 2010 CIESAS-CONACYT) escuchamos los crudos testimonios de violencia doméstica, jurídica y social que padece este grupos social de mujeres, abandonadas, generalmente, por sus familias y la sociedad en los reclusorios de Puebla y Morelos.
De igual forma podemos observar que en el ámbito de la política, las mujeres ocupan curules de acuerdo al sistema de cuotas en donde les corresponde el 30 por ciento, por partido político, frente al 70 por ciento correspondiente a los hombres. No conforme con ello en la presente legislatura federal diez diputadas titulares renunciaron -en menos de dos meses de haber ocupado la curul- para dejar el lugar a los suplentes que, como puede usted adivinar, eran hombres. La servidumbre voluntaria no respeta géneros.
En la SEP de Puebla las mujeres también ocupan lugares subordinados, pese a las capacidades iguales o sobresalientes que tienen y aún cuando el magisterio es en un 73% femenino (Contracorriente, 2006). En la historia de la educación en el estado no existe ninguna mujer como secretaria de educación pública. En la presente administración sólo una mujer fue subsecretaria de educación superior –fue retirada del cargo- y, otra maestra, es ahora la encargada del despacho de la subsecretaría de planeación y coordinación sectorial. En las direcciones generales sólo hay una mujer en formación y desarrollo de docentes y al frente de los niveles educativos sólo encontramos a las directoras de educación preescolar y de educación especial.
Podría seguir de manera interminable enumerando la serie de agravios que enfrenta el género femenino. De esto hay mucho escrito y es muy necesario para integrar en las agendas internacionales, nacionales y estatales la solución a las problemáticas expuestas. Pero, a la vez, lo que se torna indispensable es participar, desde cualquier frente: universidades, dependencias, comunidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil para que la violencia, exclusión y discriminación social desaparezcan de la vida cotidiana privada y pública.
Exigir que se haga efectiva la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y se tipifique el feminicidio como delito son formas con las que podemos iniciar. También es necesario plantear que las mujeres que interrumpen el embarazo no deben ser tratadas como criminales y, menos aún, entrar en la cárcel por este motivo. Las hipócritas declaraciones de los jerarcas de la iglesia católica respecto al aborto y el silencio absoluto en torno a los abusos sexuales de los sacerdotes no dejan a una más que pensar que son, como bien dicen las abuelas, come santos y caga diablos. Por eso hay que darles la batalla.
Las mujeres tenemos derecho a ser respetadas en la vida privada y pública, tomar nuestras propias decisiones y participar en todas las esferas de interacción y desarrollo que hemos construido como seres humanos; ganar un salario igual al de los hombres por el mismo trabajo y ocupar puestos de decisión en las empresas, universidades y en la administración gubernamental.
El sangriento y degradante escenario político y social actual nos obliga a generar cambios drásticos porque es ineludible humanizarnos en estos tiempos de barbarie, acentuados contra las mujeres, en la vida privada y en los espacios públicos. Es urgente garantizar condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para que mujeres y hombres se desarrollen plenamente y esto pasa por una activa participación política y social –lo que de ningún modo significa dentro de los partidos políticos- y el cuestionamiento a la inequitativa distribución de la riqueza.
www.educacioncontracorriente.org |
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