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Los defraudados por Bienestar Social La Paz pidieron al secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, mayor autonomía a la fiscal Claudia Carmona García, con la finalidad de solicitar a la brevedad las órdenes de aprehensión contra los directivos de la firma. Tras sostener una reunión privada con el funcionario estatal, solicitaron celeridad a las investigaciones, pues acusaron lentitud, hasta el momento. De acuerdo con Rafael Ramírez Martínez, representante de las víctimas de esta empresa, el nulo avance en la consignación de denuncias ha detenido el dictamen de las órdenes de aprehensión contra los directivos Silvia Mora Vázquez, Romualdo de Jesús Malo Quiroz, Mario Antonio Malo Nuñez, Jacqueline Rodríguez García, Hilda Olarte Rodríguez, Carlos Varela Cortés y Robert Casco del Razo. Recordó que en el caso de Ik Bárcena Corona, socio de la caja de ahorro, recientemente logró un amparo para protegerse de la única orden de aprehensión que se ha gestionado ante el Juez Séptimo de Distrito. Ante este escenario, el defraudado urgió a Meneses Rojas otorgar autonomía a la fiscal, toda vez que la situación legal a favor de los afectados se agrava con el paso del tiempo, ya que la labor de Carmona García depende de la decisión de los jueces y la propia sub-procuraduría. La propuesta presentada ante el titular de la Segob expone que la fiscaldependa de un área especial del gobierno estatal o del propio procurador Rodolfo Igor Archundia, misma que integre el apoyo de un equipo de Ministerio Público especializado en fraudes. Sólo así, consideró que es posible garantizar importantes avances en las investigaciones de todas las empresas pseudofinancieras, ante lo cual los grupos de defraudadores de Sitma e Invergroup desistirán de su reclamo por el despido de la fiscal. Informó que actualmente la PGJ tiene el registro de un total de 67 denuncias consignadas ante el Juzgado Segundo de lo Penal, mientras que en el Juzgado Quinto de lo Penal no hay un avance significativo. Cabe destacar que el último informe de la PGJ detalla sobre un total de 886 denuncias que demandan 315.5 millones de pesos. Aunado a ello, los defraudados de La Paz solicitaron al funcionario estatal una respuesta clara en torno a su ingreso al Fideicomiso Pago, en respuesta Valentín Meneses confirmó la recepción del oficio federal que avala su ingreso, mismo que se turnó a la Secretaría de Finanzas y Administración. Será la SFA, la que valore la notificación y determine la ejecución del programa con respecto al número de afectados y monto del fraude, para así estimar la aportación que realizará el Gobierno del Estado, los resultados se darán a conocer en posteriores reuniones.
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