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| Aumenta rechazo a sordomudos en el estado, alerta asociación | | Imprimir | |
| domingo, 24 de mayo de 2009 | |||||||||
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A ello, abunda el entrevistado, los propios padres se avergüenzan de la discapacidad de sus hijos, e incluso los llegan a creer débiles mentales: “por un lado los llaman retrasados y por otro su discapacidad no es reconocida. En términos generales hay una resistencia extraña contra el sordomudo y hasta son mal vistos por la sociedad”. Este domingo, en el patio del DIF Estatal, sordomudos de esta capital en compañía de familiares, celebraron a los niños y las mamás, festejos que debieron posponer por la última contingencia sanitaria que experimentó el país. La ceremonia se destacó por la ausencia de autoridades y por la participación de la diputada local Malinalli García, quien llegó una hora después de iniciada la reunión. Hasta hace unos meses en esta capital se tenía registrado un promedio de 500 sordomudos. Pero en la realidad el número queda corto mientras muchos sordomudos permanecen ocultos, no son reportados como tal por sus familiares, y los menos son atendidos en sus propias casas gracias a que cuentan con los recursos para ello. “Tú lo ves en la calle, no hay señalética para este tipo de discapacidad ni programas ni escuelas mucho menos una bolsa de trabajo. Lo peor ocurre cuando un sordo es empleado, como regularmente es muy competitivo, termina por ser corrido por sus propios compañeros, obligado a retirarse ante el rechazo social”. El caso más severo en contra de esta población, relata Gárate Jiménez, ocurre con los operadores del transporte público, quienes en primera instancia y por orden gubernamental, no debían cobrarles el pasaje. “Se supone... Pero en la realidad es que algunos choferes terminaron por agredir y hasta golpear a los sordomudos. En algunos casos hasta les rompieron las credenciales que les expidió en el mismo DIF Estatal. Mínimo tres de cada diez sufrieron agresiones de los transportistas”. Al rechazo continuo y ante la reticencia, los sordos terminaron por pagar su pasaje y no seguir insistiendo en subsidios que terminaron en acciones violentas. El silencio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al respecto es notable. De acuerdo con el declarante, su titular Valentín Meneses Rojas no ha atendido como se debe este reclamo. La queja contra esta situación se manejó desde la administración de Rómulo Arredondo Contreras en aquella dependencia, la SCT, pero desde entonces a la fecha no ha pasado nada. Ana Isabel Puente Romero es la representante legal de una organización fundada el 8 de agosto de 1997. Actualmente registra a 263 miembros: “estamos en una labor permanente para capacitarlos en talleres, les enseñamos a fabricar sus propios productos y a darles herramientas para subsistir... Nunca tuvimos un espacio para las actividades propias de su desarrollo. Hoy con apoyo de la Secretaría de Gobernación, esta asociación renta de lo que hoy se conoce como “La casa del sordo” en la 7 Poniente 309 del Centro Histórico. Ante este problema se refleja una ironía implícita: “oídos sordos ante una discapacidad que no se ve, y que también se presta al surgimiento de vivales que se hacen pasar por sordos para sus propios fines. Esto ha devenido en la resistencia ante las necesidades de personas sordas, la discriminación se da en todos los niveles sociales y de todas las formas posibles”. Así las cosas, hasta el día de hoy no se quiere reconocer al sordomudo como discapacitado ni social ni laboralmente. Mientras tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado busca cómo apoyarlos para dar una solución a su favor.
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