A dos meses del anuncio de la agenda legislativa que el Ejecutivo remitiría al Congreso del estado, finalmente la semana pasada el gobernador Mario Marín presentó las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Administración Pública del estado de Puebla y este jueves serán aprobadas por el pleno.

La primera de ellas fue la que más revuelo causó durante su presentación el 15 de octubre pasado, dado que se manejó que los policías ministeriales locales tendrían manga ancha para intervenir conversaciones telefónicas, sin que incurrieran en ningún delito.

Sin embargo en el documento entregado a los diputados para su análisis, se establece que ello sólo sucederá a través de una solicitud a las autoridades federales en apoyo de sus indagatorias, pero los agentes poblanos no podrán ejecutar por sí solos este tipo de acciones.

En el artículo 9 fracción XIV, el texto especifica que la PGJ podrá “Solicitar a la autoridad judicial federal correspondiente, la intervención de comunicaciones privadas en la investigación de delitos calificados como graves en los términos establecidos en la Constitución Federal y demás disposiciones legales aplicables”.

Por lo que no debería ser una práctica que quede a criterio de la procuraduría ni de los jueces penales en el estado.

Asimismo, en la fracción XV del mismo artículo, se delimita de forma clara que la posesión de narcóticos –otro de los puntos álgidos del documento- con fines de llevar a cabo averiguaciones para combatir el narcomenudeo, también deberá estar avalada por instancias federales:

La PGJ podrá “Autorizar, previa aprobación del Titular del Ministerio Público de la Federación o de quien éste designe, que agentes de la policía ministerial bajo su conducción y mando posean, compren, adquieran o reciban la transmisión material de algún narcótico para lograr la detención del probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere la Ley General de Salud”.

La licencia, entonces, está acotada y no tendría que dar lugar a sorpresas.

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Con la intención de evitar un descalabro similar al de las elecciones federales de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN acordó la designación de delegados especiales para las elecciones de gobernador en 11 estados de la república para el año entrante.

En el caso de Puebla, fue nombrada la senadora sinaloense Gabriela Ruiz del Rincón, quien tiene como antecedente el haberse desempeñado como oficial mayor en las campañas presidenciales de Manuel J. Clouthier en 1988, de Diego Fernández de Cevallos en 1994 y fue responsable de las finanzas en los comicios del 2000 con Vicente Fox Quesada.

Ruiz del Rincónse desempeñó también como diputada federal del 2003 al 2006 y, durante ese periodo fue secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación e integrante del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

De 1994 a 1996 laboró como coordinadora administrativa del procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia.

Con los delegados especiales, los comités estatales estarán acotados, puesto que dentro de las facultades políticas de los nuevos funcionarios panistas están las de conducir los procesos tanto de precampaña como de campaña misma.

Estos nombramientos, argumentó el CEN, son producto de las reflexiones y las resoluciones del Consejo Nacional del pasado mes de septiembre, en el que se analizaron las razones de la derrota en el proceso electoral federal.

Entre los delegados se encuentra un poblano: el senador Jorge Ocejo Moreno, que fue asignado para el estado de Aguascalientes.

El resto de los nombramientos recayeron en: el senador Fernando Elizondo en Chihuahua; el senador Guillermo Anaya en Durango; senador Luis Alberto Villarreal en Hidalgo; diputado Roberto Gil en Oaxaca; senador Ulises Ramírez en Sinaloa; diputado Arturo García Portillo en Tamaulipas; diputada Mariana Gómez del Campo en Tlaxcala; senador Felipe González en Veracruz; y para Zacatecas, el senador Alejandro Zapata.

Los movimientos del CEN panista van acompañados de la creación de la Secretaría General Adjunta de Elecciones, antes Secretaría General Adjunta para Asuntos Externos, que estará a cargo de Cuauhtémoc Cardona Benavides.

Además se aprobó conformar un Consejo de Asuntos Electorales, el cual estará integrado por los ex secretarios de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional, que fungirá como un órgano consultivo y que acompañará al Comité Nacional en la toma de decisiones para los procesos electorales de 2010.

La gestión de los recursos federales para Puebla tuvo varios tropiezos, pese a que al final se lograron las partidas más altas de los últimos años en los dos principales ramos: el 28 y 33.

El primero tiene que ver con recursos etiquetados como participaciones que van dirigidas al gasto operativo del estado y municipios, en tanto que el segundo cubre aportaciones para educación, obra pública, salud, infraestructura municipal, entre otros rubros.

Durante la discusión del presupuesto para la entidad, los operadores poblanos no lograron aumentar los recursos que programó el presidente Felipe Calderón Hinojosa en el anteproyecto entregado en septiembre pasado a los diputados federales, sino que por el contrario, perdió 1 mil 19.4 millones de pesos entre ambas partidas.

En el caso del ramo 28, la propuesta original enviada por el Ejecutivo contempló 18 mil 887.2 millones de pesos, sin embargo en el dictamen aprobado la semana pasada por los diputados federales la cifra se redujo a 18 mil 107.1 millones de pesos.

Tan sólo en este ramo se perdieron 780.1 millones, que ningún diputado, priísta o panista, logró defender.

En el ramo 33, el proyecto calderonista era de 20 mil 887.9 millones de pesos, pero al final se aprobó una cantidad de 20 mil 648.6 millones de pesos.

Aquí la pérdida fue de 239.3 millones de pesos.

Entre los dos ramos la entidad recibirá 38 mil 755.7 millones para el año entrante, aunque al menos pudo obtener 39 mil 775.1 millones.

Ahora que se presume la paternidad del presupuesto, ¿Algún diputado o funcionario quiere adjudicarse este logro?

Las movilizaciones de los clientes defraudados por las empresas SITMA, Invergroup y Coofia se han vuelto más frecuentes no sólo en Puebla, sino en los estados de Oaxaca, Veracruz, Morelos, el estado de México y Guadalajara.

El motivo sólo es uno: la incertidumbre de que las actuaciones de las procuradurías estatales garanticen que los recursos de los afectados puedan recuperarse.

Un día después de la detención de Edmundo Tiro Moranchel en el estado de Yucatán, los afectados en Puebla enviaron una carta tanto a la mandataria de ese estado, Ivonne Ortega Pacheco, así como al poblano Mario Marín Torres, a fin de que sea efectiva la colaboración entre las procuradurías de ambos estados.

Ya que informes recabados de manera directa, refieren que en ese estado peninsular se encontraba toda la familia Tiro Moranchel, sin embargo los agentes ministeriales locales sólo permitieron que se detuviera a Edmundo y, no así a su hermana Iris y a su padre Mauricio, quienes también aparecen como fundadores de las empresas.

Dados estos yerros de las autoridades locales, los afectados acudieron a la Procuraduría General de la República para que intervenga en el caso, sin embargo se han topado con la negativa de la dependencia para recibir denuncias penales por captación de recursos del público sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al amparo de los artículos 111 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La inconformidad de los clientes ya se dejó sentir la semana pasada en el Congreso. Esta semana buscaron sin éxito la intervención del PAN y el PRI. El martes acudieron a los juzgados 1º y 5º de lo penal para conocer el avance de sus casos y, el miércoles hicieron lo propio en Casa Aguayo y la Procuraduría General de Justicia, sin embargo hasta ahora no ven avance significativo alguno; pese a la captura del propietario de Invergroup y dos funcionarios de SITMA que no están ligados con la posesión de propiedades o recursos que garanticen el pago a los defraudados.

Mientras tanto, hoy jueves se manifestarán de nueva cuenta a las 10 de la mañana en el Congreso del estado y han llamado a formar en Puebla una red de afectados.

¿Están o no rebasando a las autoridades?

Ahora que la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado presentó su solicitud de presupuesto por 414 millones de pesos para 2010, bien haría la Secretaría de Finanzas y Administración en revisar las cuentas pendientes que tiene el organismo para la justificación de sus recursos.

Una muestra de ello puede observarse en las actuaciones que ha tenido la Comisión Administrativa, que integran los consejeros Miguel David Jiménez López, Olga Lazcano Ponce y Víctor Rodríguez Serrano.

Durante la sesión de este órgano el pasado 27 de octubre, los funcionarios electorales le solicitaron una vez más a la encargada del despacho, Verónica Paola Cruz Castillo, que aclarara el destino de los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas le dio como ampliación presupuestal al organismo a finales de 2008.

Esta misma petición se la han hecho de manera formal en tres ocasiones desde marzo pasado, hasta una última en septiembre, en la que la funcionaria indicó que los recursos fueron a parar en la homologación de sueldos de los nueve consejeros electorales, la regularización de pago a la Unidad de Transparencia así como el pago de tenencia, mantenimiento y seguros de vehículos.

Sin embargo los informes sobre los recursos ejercidos en 2008, reflejan que sólo se gastaron 3.2 millones de pesos en estos rubros y no los 4.3 que reportó la Dirección Administrativa, por lo que 1.1 millones de pesos quedarían literalmente bailando.

Además, se advirtió que 2.1 millones de pesos destinados para la homologación de sueldos a los nueve consejeros ya estaban calendarizados desde el anteproyecto de presupuesto 2008 -que fue aprobado el 15 de noviembre de 2007 por el Consejo General-, por lo que no tendría justificación incluirlos en esta ampliación de recursos.

Ese día, la sesión de la Comisión Administrativa fue suspendida y se reagendó su continuación para el 31 de octubre, a fin de que Cruz Castillo presentara la justificación de los gastos, a la que ya se había comprometido con anterioridad.

Sin embargo, ¿Qué cree que pasó?

Que Verónica Paola Cruz Castillo no se presentó, no envió la información ni informó de los motivos de su inasistencia.

¿Y es así como se pregona el manejo pulcro y transparente de los recursos, sin poder justificar un gasto cien veces menor de lo que hoy se pide?

¿Pues qué se esconde?

La funcionaria está por cumplir tres años como encargada de despacho y ¿Prevén dejarla un proceso más?

Que el Señor de las Ligas los redima.