La intentona del director del Organismo Operador de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, por cancelar la concesión del relleno sanitario de Chiltepeque a la empresa RESA, o para echar abajo al menos la pretensión de ampliarla a 15 años más —como se aprobó en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero—, podría destapar una cloaca.

Hasta ahora Sulaimán Safi no ha explicado con claridad cuáles son las irregularidades e incumplimientos en que la firma de José Abed Rovanett ha incurrido para le sea cancelada la concesión del relleno sanitario antes del 2009, en que concluye su contrato.

Esta situación ha dado pie a una serie de descalificaciones en su contra, en el sentido de que su intención de quitar a RESA para sustituirla por otra compañía del Distrito Federal —vinculada a él y/o a su padrino político, el diputado federal Jorge Estefan Chidiac—, encierra en realidad un millonario negocio.

Ante tal escenario, se sabe que el área jurídica de RESA han establecido contacto con un par de abogados de Puebla para pelear por la vía legal la concesión y defenderse de las intentonas de Héctor Sulaimán por arrebatársela.

Estos abogados son Manuel Treviño y Gabriel Casas, quienes incluso han comenzado a buscar a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, para dejarle el claro que su cliente hará todo lo que esté a su alcance para mantener la concesión del relleno sanitario.

Lo que estos abogados no saben es que el ayuntamiento de Puebla ya se prepara, a través de su asesor legal Ernesto Ramírez, para contrademandarlos por la vía penal y administrativa.

Y es que Manuel Treviño, el ahora abogado de RESA, trabajó para la anterior administración municipal bajo las órdenes del síndico Lauro Sánchez Castillo, donde obtuvo información confidencial del ayuntamiento que hoy ha puesto al servicio del concesionario de Chiltepeque.

El segundo abogado de RESA, Gabriel Casas, tiene también un negro pasado, del que mucho podría decir el actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, quien lo corrió hace un par de meses del Registro Público de la Propiedad de Huejotzingo por una serie de anomalías.

Gabriel Casas cobraba hasta 350 pesos por cada foja que certificaba, sin que ese dinero ingresara a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Administración.

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A propósito.

No lo cuente en voz alta, pero en breve un funcionario del ayuntamiento de Puebla podría verse envuelto en un escándalo de corrupción por la compra directa de equipo y otros insumos.

El asunto ya está siendo investigado por los regidores del PAN, que se frotan las manos por el caso, pues no sólo se trata de una compra directa, sin licitación, sino de mercancía sobrefacturada.

Una aclaración: el funcionario en cuestión no es el regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, quien, a juzgar por lo publicado ayer por el columnista Enrique Núñez en Intolerancia, no canta mal las rancheras.

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Para mayor información sobre el tema principal de este blog, le recomiendo las siguientes notas y columnas:

Relleno sanitario, problema en puerta para la alcaldesa

http://e-consulta.com/blogs/corte/?p=6

Riesgosa la saturación de basura en Chiltepeque, revela estudio de Incremi

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12457&Itemid=4

Chiltepeque aún tiene vida para 10 años: Fernández Jasso

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15503&Itemid=176

Confirman que RESA podría perder concesión del relleno sanitario

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12996&Itemid=176

Aplicarán “modelo español” en el relleno sanitario de Chiltepeque

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14003&Itemid=176

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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Por seis meses los fondos del Procedes estuvieron inactivos
Embarcan a Mario Marín con obra sin expediente

Una prueba más de la ineficiencia, desorden y falta de control que priva en la Secretaría de Salud del estado es el reporte de auditoria elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal sobre 47 millones de pesos que no fueron ejercidos y estaban destinados a la construcción de un hospital en la Sierra Norte de Puebla.

La partida en cuestión, procedente del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), fue liberada y depositada el 14 de diciembre de 2007 en una cuenta de la Secretaría de Salud, que a su vez transfirió esa cantidad, dos meses después, a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

Sin embargo, como entre el 15 de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, dichos recursos jamás se ejercieron para el fin que habían sido solicitados —la construcción de un hospital integral de Cuetzalan—, la Secretaría de la Función Pública exigió hace casi dos meses su devolución inmediata, así como los rendimientos financieros que éstos generaron.

Así se hizo. El gobierno del estado reintegró a la Tesorería de la Federación los 47 millones de pesos del Procedes junto con 1.1 millones adicionales por concepto de intereses, para evitarse mayores complicaciones con la Secretaría de la Función Pública y, de paso, para que ésta se involucrara directamente en el proceso de fincar responsabilidades a los funcionarios de Puebla implicados en estas irregularidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, el gobierno de Puebla no aplicó los recursos del Procedes en el hospital de Cuetzalan —que contaría con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias y farmacia, sobre un terreno de 19 mil metros cuadrados— por dos causas:

1. “Falta de control interno por parte de las áreas que operan el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en el Estado”.

2. “Que no se cuente con el expediente unitario de la obra, según lo señaló mediante oficio número COORGT-08/161, de fecha 13 de junio de 2008, el Lic. Ricardo Climent Flores, Coordinador General Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado”.

El caso no sólo exhibe el desorden que reina en la Secretaría de Salud, la negligencia de la SDUOP para elaborar un expediente unitario de obra y las diferencias entre los titulares de ambas dependencias (Roberto Morales Flores y Javier García Ramírez) por el control de la obra pública, sino incluso al gobernador Mario Marín Torres, que el domingo 7 de octubre colocó la primera piedra de lo que sería el hospital de Cuetzalan.

Según el boletín de prensa de ese día, el referido nosocomio beneficiaría a más de 90 mil habitantes de ese municipio de la Sierra Norte, de los cuales 72% son indígenas.

¿Cómo puede el gobernador Mario Marín poner en marcha un hospital cuya obra carece de proyecto ejecutivo y expediente unitario de obra?

¿Cómo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez, puede decir que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, si 47 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital en Cuetzalan tuvieron que devolverse a la Federación?

¿Que tan grave es la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo o los pleitos entre los secretarios del gabinete, como para que tres de ellos —Finanzas, Salud y Obras Públicas— hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo durante seis meses en la ejecución de una obra?

Son preguntas, que conste.

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Este lunes, gracias a los buenos oficios del diputado federal Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se reunió a comer con el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, Agustín Carstens Carstens.

Se sabe que después de esa comida, la primera alcaldesa de Puebla se entrevistó con su tesorero, Javier Ramírez Carranza, y que juntos acordaron el plan de reestructuración de la deuda de 570 millones de pesos que hoy tiene el ayuntamiento con diversas instituciones financieras.

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El senador Melquiades Morales Flores será quien dicte la cátedra inaugural de la escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla, el próximo martes 19 de agosto.

Después de la llamada prima lectio, los directivos de la universidad le entregarán al ex gobernador un reconocimiento “por su incansable apoyo y valiosa colaboración para el desarrollo de la cultura y la educación en Puebla”, acto al que han sido invitados sus ex secretarios y ex colaboradores.

La conferencia magistral de Melquiades Morales, que marcará el inicio de cursos del semestre otoño-invierno, tendrá lugar a las 10 horas en el auditorio de esta institución de los Legionarios de Cristo.

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Aunque el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del ayuntamiento de Puebla, Fernando Ariza de la Fuente, ayer juró y perjuró que su presencia en la junta auxiliar de Azumiatla no debía tomarse como el inicio de su precampaña a la diputación federal por el distrito 11 de Puebla, la verdad es que los estrategas del PRI y su jefa, Blanca Alcalá Ruiz, a quien le cederán dos de las cuatro candidaturas de la capital del estado, no lo ven nada mal.

Quizás Fernando Ariza diga que no, como en su momento Blanca Alcalá decía que no cuando el PRI decidió incluirla en la lista de aspirantes a suceder a Enrique Doger Guerrero. La historia de lo que ocurrió después ya es de todos conocida.

En Azumiatla, el secretario de Desarrollo Económico puso en marcha el Programa de Articulación Productiva a Microempresarios, acto que contó con la presencia del gobernador Mario Marín Torres y de Blanca Alcalá.

¿Simple casualidad?

No lo creo.

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Hoy será un día de señales políticas de cara a la sucesión gubernamental, en el marco de la gira del presidente Felipe Calderón Hinojosa por la Sierra Norte de Puebla. Priístas y panistas deben mirar con atención con quién llega el mandatario federal, quién lo acompañará en sus trayectos, además del gobernador Mario Marín y los secretarios de su gabinete, y con quién tendrá pláticas amenas y a quién le mostrará indiferencia.

El personaje en cuestión es un senador y ha militado por igual en el PRI y en el PAN.

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Uno de los pendientes —y vaya que lo es— del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, con la calidad educativa y la excelencia académica, son las escuelas incorporadas a la máxima casa de estudios, que andan por la calle de la amargura en materia de acreditaciones y programas de calidad.

Y es que no es posible que el 97% de los programas de licenciatura de la UAP cuenten con alguna certificación, ya sea del COPAES, CIEES o Conacyt, y la situación de las doce instituciones de educación superior incorporadas a ella —y que incluso se publicitan con su logo— sea totalmente diferente.

¿O cómo entender que la UAP presuma que el 97% de sus programas de licenciatura son de calidad y, en cambio, las escuelas pertenecientes a su Sistema de Educación Superior Incorporado no cuenten siquiera con uno? ¿O es que el discurso de la calidad sólo aplica para los que votan en la UAP, mas no para los alumnos y docentes de sus 12 instituciones incorporadas? ¿O es que la UAP también se siente orgullosa de sus universidades patito?

Ojalá y no.

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Trivia:

¿Alguien sabe en manos de quién quedaron la residencia y los dos vehículos que el Comité Directivo Estatal del PRI rifó en el proceso local electoral del 2007, como una estrategia para allegarse recursos para su campaña política?

Los boletos fueron acomodados entre funcionarios públicos de la administración estatal, de primero y segundo niveles, así como entre candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La respuesta es todo un escándalo.

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El próximo 3 de septiembre, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, vendrá a poner en marcha el llamado Movimiento Laboral 2008, organización local que agrupa a dirigentes empresariales, líderes sindicales, académicos y funcionarios del sector, cuyo objetivo es propiciar una cultura laboral apegada a valores como la competitividad, la puntualidad, la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza.

Dicho movimiento será coordinado en Puebla por el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Ortiz Rosas.

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Y hasta mañana.

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Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

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¿Sabía usted que muchos son los personajes que han intercedido para que Antonio Juárez Acevedo sea mantenido, a pesar de todo su descrédito público, como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), entre ellos influyentes personajes de la Mitra?

¿No que lo de Dios a Dios y lo del César al César?

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¿Sabía usted que a pesar de todos los oficios, actas y constancias que obran en poder del Instituto Federal Electoral y en las cuales Antonio Juárez Acevedo aparece y firma como secretario general de Plataforma Cuatro, éste sigue negando, incluso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su pertenencia a esta agrupación política nacional?

¿No que lo peor que podría ocurrirle a México sería convertirse en un país de cínicos?

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¿Sabía usted que la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP) podría fracturarse en las próximas semanas, en el marco de la elección de su próxima mesa directiva y debido al empeño de su actual presidenta, Josefina Zárate López, de heredarle el cargo a María Teresa Colchero Garrido?

¿Sabía usted que el grupo que podría escindirse es encabezado por la periodista de sociales Malú Ferniza Rodríguez, quien a su regreso de Argentina podría hacer oficial su renuncia a la AMPEP a través de su columna en El Sol de Puebla?

¿Y sabía usted que por las divisiones y pleitos dentro de la organización, sus asociadas ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo para elegir a los miembros de la comisión electoral?

¿No que las mujeres pueden destrozarse, pero jamás hacerse daño?

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¿Sabía usted que en San Pedro Cholula juran y perjuran que existen dos presidentes municipales? No el constitucional y el legítimo, sino el formal y el real, personificados en Francisco Covarrubias Pérez y Fernando Ortiz Aldana, éste último miembro del disminuido Huachi Power

¿Y sabía usted que el hoy director de Gobernación Municipal, Fernando Ortiz Aldana, fue también el hombre fuerte del anterior munícipe priísta de Cholula, Juan Pablo Jiménez Concha?

¿No que en México se habían terminado los maximatos y que Cholula nomás para los cholultecas?

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Antes de despedirme, doy paso a la siguiente carta aclaratoria.

Lic. Rodolfo Ruiz Rodríguez
Director E-consulta
Presente

Respecto a la información manejada en su columna “La Corte de los Milagros” de fecha jueves 7 de agosto de 2008, con el encabezado: “Cínicos y mentirosos”, en la parte intitulada “¿Pagan Play Boy del IEE?”, me permito realizar las siguientes precisiones para que sus lectores estén debidamente informados:

Es falso que el Instituto Electoral del Estado haya realizado algún pago o contratado el concepto al que hace referencia.

En el contrato con la empresa Megacable realizado el 3 de mayo de 2007, el Organismo Electoral adquirió el servicio denominado “básico” de 63 canales de televisión, con una mensualidad de 310 pesos, en el cual no incluye el canal al que hace referencia en su columna, ya que para acceder a este o a cualquier otro canal adicional se necesita contar con el servicio digital, mismo que nunca ha sido contratado.

Cabe mencionar que para contratar el servicio digital se requiere contar con el convertidor digital de videograbación, lo que implicaría un contrato distinto al que se tiene actualmente con esta empresa.

Por lo tanto, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado no tienen acceso al canal al que hace referencia, como lo puede usted constatar en las copias simples que le remito del contrato No. 327071 signado con Megacable y de las facturas correspondientes a la contratación del servicio “básico” y la última que se ha pagado y que corresponde a julio de 2008.

En lo referente al caso de Alberto Adrián Pérez Romero, efectivamente no laboró en el Instituto Electoral del Estado pero sí en la extinta Comisión Estatal Electoral como subcoordinador regional y el 22 de mayo del año 2000 promovió una demanda laboral por despido injustificado.

El juicio contra la Comisión Estatal Electoral quedó asentado en el expediente No. D452000 radicado en el Tribunal de Arbitraje del Estado y en 2002 se amplió la demanda al IEE por tratarse de sustitución patronal.

Desde entonces el caso siguió hasta que se signó un convenio con el demandante, a quien se le expidió el cheque 37976 del banco HSBC por 150 mil pesos por concepto de liquidación.

Igual sucedió con Alejandro Noé Muñoz, nombre correcto de quien interpuso una demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, asentada en el expediente D-92/2008.

Ambos casos fueron puestos a consideración de los miembros del Consejo General para que conocieran las condiciones de los demandantes.

Las ex titulares de la Contraloría de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica no recibieron liquidación porque presentaron su renuncia a sus respectivos cargos.

Por último, le informo que el cargo de Tesorero no existe en el Organigrama del IEE.

Atentamente
H. Puebla de Z., 7 de agosto de 2008

Lic. Diana Patricia Balbuena Espinosa
Coordinadora de Comunicación Social
Instituto Electoral del Estado.

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Y hasta la próxima.

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En el Congreso del estado existen legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa

A Verónica Mastretta Guzmán y a sus hermanos Sergio, Ángeles, Daniel y Carlos por el lamentable deceso de su señora madre. Desde aquí nuestro pésame.

¿Sabía usted que desde el jueves 10 de julio el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE giró un oficio al vocal ejecutivo del Instituto en Puebla, Luis Garibi Harper y Ocampo, solicitándole su apoyo para entregar al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, copias del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que en dicho expediente —de 223 fojas útiles— existen pruebas documentales que corroboran hasta la saciedad que el actual presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, fue secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que el propio presidente de la agrupación política, Tulio Zárate Luna, hizo saber a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 1999 que Juárez Acevedo se desempeñaba como secretario general de la misma?

¿Sabía usted que en el acta de certificación de las asambleas estatales de Plataforma Cuatro celebradas durante el 2001 en los estados de Tlaxcala y Michoacán, para constituirse en partido político nacional, se menciona que Juárez Acevedo participó en la lectura de los documentos básicos, y que además lo hizo en su calidad de secretario general?

¿Sabía usted que lo mismo dice el acta de certificación de las asambleas efectuadas en Veracruz y Querétaro?

¿Sabía usted que tres distintos oficios de fechas 11, 20 y 30 de enero de 2002 —mediante los cuales Plataforma Cuatro informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE el día, hora y lugar en que tendría lugar su asamblea nacional—, están suscritos por Antonio Juárez Acevedo como secretario general?

¿Sabía usted que en la mencionada asamblea nacional constitutiva Juárez Acevedo fue electo como secretario general del naciente partido político nacional?

¿Sabía usted que posteriores oficios, también dirigidos al IFE, fechados el 13 de mayo de 2002 y el 9 de julio de 2002, llevan la rubrica de Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que todavía el 17 de octubre de 2002 el presidente de Plataforma Cuatro, Marco Tulio Zárate Luna, en respuesta al oficio DEPPP/DPPF/3059/2002, hizo saber al IFE que Juárez Acevedo formaba parte de su Comité Ejecutivo Nacional con el cargo de secretario general?

¿Y sabía usted que fue hasta el 3 de febrero de 2005, dos meses después del nombramiento de Juárez Acevedo como comisionado de la CAIP por parte del Congreso del estado, que Tania Susana Hernández Zafra pidió al IFE  corregir el directorio de Plataforma Cuatro, bajo el argumento de que ella era la nueva presidenta, y que su petición fue rechazada por no ir acompañada de la documentación que acreditara tanto las asambleas donde se efectuaron esos cambios como el acta de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, supuestamente encabezado por ella?

Si no lo sabía, ahora ya lo sabe; como también sabe que Juárez Acevedo es un mentiroso, por negar su pertenencia a Plataforma Cuatro; y que en el Congreso del estado existen también legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo, quien el domingo declaró a la prensa que aún no tenía ninguna respuesta del IFE sobre el caso Juárez Acevedo.

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¿Pagan Play Boy del IEE?
Ayer recibí en mi buzón, un correo electrónico de una persona que dice ser empleado del Instituto Electoral del Estado y que se cuestiona por qué este organismo contrató a Megacable el canal de Playboy.

Aquí su mail, tal cual:

¿Alguien me puede decir por qué los consejeros electorales del IEE tienen servicio de Playboy?, contrato que por cierto firmó el dizque contador público Luis Javier Córdova Sánchez con la empresa Megacable con el numero de suscriptor 326071.
 
Se supone que en este año los recursos son limitados y que en el Instituto hay austeridad, pero hay una persona, Alberto Adrián Pérez Romero, que recibió una liquidación de  $150,000. ¿Quién es? ¿En qué área trabajó? ¿Alguien lo conoce? ¿Por qué se emitió el cheque de HSBC número 37976?

Les recuerdo que la ex contralora Dalhel Lara Gómez y la ex directora de Capacitación, Ana Silvia Santillana no recibieron liquidación (ojo). Ésa es una de tantas transas no conocidas del IEE, así como las que realizan día a día la directora administrativa y su sobrinito Luis Javier Córdova Sánchez, a espaldas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales.

Estas personas obtienen dinero fácil de las arcas del Instituto en vales de gasolina y comprobando con facturas que no les corresponden. Claro, esto  habría que consultarlo con la tesorera del Instituto, Anabel Alvarado, quien fácilmente se presta a ello. Cuando se emite un cheque debe llevar 2 firmas: una es de la tesorera y otra de la directora Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, o de la coordinadora financiera, María Juana Huitzil Almonte.

Otra pregunta: ¿por qué a Noé Muñoz Alejandro le dieron un cheque de liquidación por $10,192.96 si era eventual? Por lo que tengo entendido él, al igual que muchas otras personas, había firmado un contrato comprometiéndose a no solicitar liquidación ni prima vacacional, ni aguinaldo. En pocas palabras, firmó para no tener derecho a ninguna prestación.

¿No sería justo que todas las personas que prestaron su servicio en año electoral contaran con el mismo beneficio?

Habrá que preguntarle a la directora administrativa en qué circunstancias aplica ciertos criterios. A final de  cuentas, ese dinero que fluye de aquí para allá es nuestro, de todas las personas que pagamos impuestos en el estado de Puebla.

Hay tantas cosas que aún no se saben del Instituto Electoral del Estado que es mejor que permanezcan ocultas.

Hasta aquí el correo.

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La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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